La corrupción política puede adquirir diversas formas y diversos objetivos. Desde el enriquecimiento personal a la financiación de partidos políticos, pasando por la utilización de estructuras públicas con sesgo político, el grado de agitación verbal que provocan los interesados en desviar la atención de aquellos que les salpican acarrea la tentación de equilibrarlos ante la opinión pública. En fechas recientes se ha reactivado el denominado caso Kitchen –que comenzó siendo una trama del Ministerio del Interior bajo mando de Jorge Fernández Díaz (PP) para espiar a Luis Bárcenas– y ha adquirido también notoriedad el llamado caso Mediador, que afecta a un diputado del PSOE con un perfil de tráfico de influencias en su versión más cutre. Este último asunto, que aparentemente nace y muere en pocos meses y tiene más aspecto de estafa a los empresarios que pagaron las juergas del diputado socialista canario sin que este materializara nunca sus promesas de “conseguidor”, ha motivado la petición de una comisión de investigación en el Congreso. Sin embargo, las nuevas revelaciones en torno al caso Kitchen, que ya encausa a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, para el que la Fiscalía pide penas de 15 años de prisión, no atrae el mismo interés parlamentario. Resulta igualmente inoportuno minimizar el riesgo de que un caso de presunta corrupción tuviera ramificaciones, fuera de las limitadas que aparenta Mediador, como equipararlo restando gravedad a la utilización de las instituciones y los bienes públicos para violar derechos y libertades. La denominada operación Cataluña y las nuevas revelaciones de conversaciones que apuntan a la estrategia de desprestigio y difusión de desinformación sobre rivales políticos del Gobierno del PP –desde el independentismo catalán a Podemos– merecen una atención que alguien debería estar dispuesto a liderar. Pero no parece haber interés en investigar las responsabilidades políticas del uso delictivo de las estructuras del Ministerio de Interior para manipular a la opinión pública española y condicionar el fair play político. Kitchen no es solo el intento de minimizar daños al PP espiando a Bárcenas. Hoy apunta a la violación de derechos y libertades para preservar un objetivo político ideológico en favor del cual se anularon garantías democráticas.
