El amplísimo consenso social en Euskadi sobre el necesario reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra de 1936 y los represaliados por el franquismo tiene su parangón en las bases de acuerdo político de la futura Ley vasca de Memoria Histórica, promovida por la coalición de Gobierno PNV-PSE y que en la fase de negociación con ltras fuerzas incorpora ahora a Elkarrekin Podemos. Las aportaciones de todos ellos están configurando una norma necesaria y útil que asiente los principios de verdad, justicia y reparación básicos en todo proceso de saneamiento de las heridas de un conflicto violento. El compromiso político con ese objetivo viene de décadas atrás y comenzó a materializarse en términos prácticos hace veinte años, con la creación del Instituto Vasco de la Memoria Gogora, cuya labor en este tiempo ha sido creciente y con un alcance que desborda el propio ámbito territorial de Euskadi. Así lo acredita el programa de identificación de víctimas de la represión en la prisión de Orduña, que busca devolver a sus familiares los restos de decenas de presos extremeños, andaluces, manchegos y catalanes muertos a cientos de kilómetros de sus hogares en confinamiento decidido por el régimen franquista. La futura norma incorporará aspectos relativos a la visibilidad de la represión, al reconocimiento de sus víctimas tanto moral como materialmente y una atención a la eliminación de símbolos que revictimizan a los represaliados y sus familias. Aspectos sobre los que se ha debatido y ampliado el consenso favoreciendo que cada partido pueda ver la sensibilidad de su punto de vista integrada en una norma que necesariamente debe ser de todos y desbordar siglas. Pero, más allá de esa visibilidad de cada parte, el todo preserva el fundamento de la acción pública en materia de memoria histórica desde el derecho a la verdad, la justicia y reparación que se sustentan en medidas concretas y cuyo consenso aún es susceptible de ampliación, puesto que el diálogo sigue abierto. Faltan por incorporarse a él tanto EH Bildu como la derecha española –PP y Vox–. En sus manos queda ahora ser partícipes de una memoria colectiva, integrarse en el mensaje de denuncia de lo padecido y arrope de sus víctimas o quedarse fuera por razones partidistas u otras aún más difíciles de sostener en democracia.