La materialización del Acuerdo por la Educación en Euskadi en el borrador de Ley de Educación está dando lugar a un tensionamiento del consenso histórico del que fueron partícipes PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Con independencia del tono de las críticas que el borrador ha producido, el fondo de la cuestión demanda de un diagnóstico realista y alejado de cualquier formulación preelectoral o partidista. En este sentido, el primer elemento a fijar es el hecho de que, pese a que desde Elkarrekin Podemos se obvie, la ley en marcha es una ley del sistema educativo vasco, no una ley de Escuela Pública. El propio pacto entre partidos contempla incidir sobre dos aspectos de la estructura educativa que inciden sobre la red concertada, que sirve a la mitad del alumnado. Son los aspectos de medidas que reduzcan o eviten la segregación del alumnado por nivel de renta y que elimine, en consonancia, las cuotas a pagar en esos centros. Lo que implica que se ratifica el papel del sector concertado en el sistema vasco y se le orienta a aliviar la presión sobre el público para mejorar las condiciones de este. La persistente argumentación de la preeminencia del sistema público no puede estar de espaldas a la realidad de la utilidad del concertado (ikastolas y Kristau Eskola). El ruido generado por la propuesta de amparar también a las haurreskolak mediante la financiación de la oferta concertada que garantice su gratuidad de 0 a 2 años va en esa dirección. En este punto parece haber sido más irritante para Elkarrekin Podemos y EH Bildu el hecho de que esa fórmula se contemple a demanda del PP en la negociación presupuestaria que sobre la utilidad y eficiencia de la misma para asegurar una incorporación equilibrada de alumnos al sistema que evite la segregación. La educación no puede estar sometida a un pulso de egos por mucho que el ciclo preelectoral marque ya la agenda de los partidos. Igualmente, la tracción que los sindicatos y su legítima pero sectorial defensa de los intereses de sus representados ejerce sobre los partidos de izquierda conlleva el riesgo de hacerles perder la perspectiva de la función del sistema educativo, que no puede estar supeditada a los intereses de los colectivos profesionales que lo integran. Es momento de no escenificar un debate de parte sobre un consenso que ya existía.