Cuando aún no se ha cumplido ni un mes desde su toma de posesión, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha tenido su primera crisis con un país europeo como Francia a cuenta de sus políticas sobre inmigración. La inhumana e ilegal negativa por parte de Italia a desembarcar a 237 inmigrantes –57 de ellos niños– rescatados en el mar por el buque Ocean Viking de la organización SOS Méditerranée ha provocado la airada reacción gala, encabezada por el propio presidente, Emmanuel Macron, que ha derivado en una escalada dialéctica de acusaciones y, finalmente, en el desembarco en la base naval de Tolon de las personas a bordo del barco que posteriormente serán acogidas en nueve países europeos tras un acuerdo alcanzado por París. Esta actitud antimigración de Meloni no es nueva. Fue la política habitual durante el mandato del también ultraderechista Matteo Salvini como ministro del Interior, luego suprimida durante los gobiernos de Mario Draghi. Es obligada una respuesta a este indigno proceder de prohibir el desembarco de personas en condiciones precarias. La reacción de Francia, estando dirigida en la buena dirección de tolerancia cero frente a actitudes xenófobas de la ultraderecha, ha podido pecar de unilateralismo y exceso de protagonismo por intereses políticos particulares de Macron y ha provocado la contrarréplica de Italia con un afianzamiento de sus posiciones antimigratorias que, entre otras cuestiones, le han llevado a la victoria de la extrema derecha en las elecciones. El propio Salvini ha aprovechado para anunciar más “mano dura” contra las ONG que rescatan personas en el Mediterráneo. Asimismo, los ministros de Interior de Italia, Malta y Chipre y la ministra de Migración y Asilo de Grecia –países de primera entrada a Europa por la ruta mediterránea, por lo que soportan la mayor presión migratoria– han exigido por carta a Europa que se tomen medidas de coordinación de las acciones de rescate. La UE no puede obviar por más tiempo este debate y la urgente toma de decisiones al respecto bajo la premisa incuestionable de que no es viable una Europa blindada a la migración y la necesidad de una política humanitaria y compartida de acogida por todos los estados miembro, unida a la cooperación al desarrollo en los países de origen.