amilias y empresas acumulan ya muchos meses soportando precios en continuo incremento, tanto en los bienes de consumo básicos como en la electricidad, el gas y las gasolinas. Una situación que amenaza con ser insostenible a más largo plazo -sobre todo teniendo en cuenta que los salarios crecen, de hacerlo, a un ritmo mucho menor- y a la que se está intentando poner medidas paliativas. Los datos de la inflación son reveladores. Expertos e instituciones -incluido el Banco de España- aseguraban hace meses que el aumento de los precios era meramente temporal y coyuntural, ligado a los costes de los derechos de emisión de CO2. Obviamente, la escalada bélica de Rusia y su posterior invasión de Ucrania y la guerra han cambiado radicalmente las reglas. En todo caso, marzo y abril han sido los meses con mayor inflación en los últimos 35 años, con un IPC fijado en Euskadi en el 7,8% pese a la moderación experimentada en los últimos 30 días. El dato clave, sin embargo, es el imparable alza en el precio de los alimentos, con una subida, por ejemplo, del aceite de oliva del 42,5%, aunque todos los productos de primera necesidad (pan, carne, cereales, legumbres y hortalizas, leche, queso, huevos...) se han encarecido de forma significativa. A esta situación ya de por sí preocupante se suma también el también altísimo y sostenido precio de la electricidad, lo que en conjunto está golpeando duramente a los hogares, en especial a los más vulnerables. El Gobierno español publicó ayer en el BOE el real decreto mediante el que se pone en marcha el mecanismo para limitar el precio del gas natural empleado para la generación eléctrica, lo que permitirá bajar en “más de un 30%” la factura de la luz. Una medida calificada de urgencia, aunque ha tardado demasiado en llegar y que, a la espera del visto bueno de Bruselas, empezaría a notarse en el recibo de junio. Esta iniciativa de carácter extraordinario es paliativa y supone un alivio para las economías domésticas y de las empresas, pero no resuelve un problema estructural. El Gobierno está obligado, y no solo por exigencia de la UE, a una amplia reforma del sistema de cálculo de la tarifa eléctrica regulada que evite estos problemas. El control sobre los precios sigue siendo necesario a la vista de la volatilidad del mercado y de que las subidas repercuten sobre las familias, impactan en el consumo y ponen en riesgo la recuperación. l