e le acumulan los problemas a Pedro Sánchez y la demanda de soluciones choca con la evidente dificultad del presidente de adoptar decisiones de calado, consolidadas entre los socios de su gobierno y con la celeridad que requieren los acontecimientos. La templanza con la que se debe desempeñar un gobernante no está reñida con la proactividad. Al gabinete español le persigue la maldición de unas políticas meramente reactivas que no llegan a anticiparse a los problemas y tampoco aporta agilidad en las respuestas. Al Gobierno español le empieza a pesar demasiado una gestión defensiva, que intenta no equivocarse más que promover iniciativas y que acaba demasiadas veces en un bucle de improvisación. No se entiende la parsimonia con la que está dejando pasar los días para afrontar la crisis energética evidente que afecta a todos los sectores económicos. A unos, por el coste de la energía eléctrica en su competitividad; a otros, por el de los carburantes; a todos, por el vínculo ineludible entre actividad y movilidad, que hacen del transporte el mecanismo imprescindible para surtirse de componentes, de productos de consumo y de distribución de mercancía manufacturada tanto al mercado interno como al internacional. La fijación, hace ya una semana, de una fecha de largo plazo para adoptar decisiones -29 de marzo- podría haber tenido algún sentido con la expectativa de una acción coordinada a nivel europeo. Pero es evidente que nada de lo que se decida en la cumbre que comienza mañana va a paliar el impacto inmediato de la situación. Como han detectado otros mandatarios europeos, que han actuado en busca de la contención de precios de las energías y respaldado a los sectores clave de la actividad. Europa no va a desacoplar el precio del gas esta semana; no va a transformar de fondo el impacto de los derechos de CO2 en el precio de la electricidad; no va a garantizar mecanismos de competitividad para las industrias del estado ni para sus consumidores. Las suyas, en el mejor de los casos, serán medidas a largo plazo vinculadas a la mayor independencia energética. De modo que es al responsable doméstico que maneja en exclusiva esas competencias a quien compete actuar. Se equivocará Sánchez si piensa que le basta con encarar sectorialmente la situación del transporte. Es toda la capacidad productiva la que requiere una solución y toda la ciudadanía la que precisa que se contengan los precios.
