l drástico giro emprendido por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto al conflicto del Sáhara ha causado sorpresa, enfado, incredulidad y rechazo generalizados en la opinión pública en el Estado español y una indisimulada indignación y sensación de frustración y abandono en la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario, así como en Argelia, que ha emprendido acciones diplomáticas. El anuncio de apoyo a la vía de la autonomía para el Sáhara propuesto por Marruecos, realizado significativamente por Rabat y confirmado por el Ejecutivo español, supone un cambio muy sustancial respecto a la política y la posición mantenidas durante décadas en busca de una solución democrática para la que fuera colonia española. Los diferentes gobiernos han venido respetando las resoluciones adoptadas por la ONU que fijan la celebración de un referéndum de autodeterminación como la vía para resolver el conflicto. Esta reconsideración adoptada por el gabinete de Sánchez se ha realizado de manera unilateral, sin contar ni con sus socios ni con los grupos de la investidura ni con la oposición. El cambio de posición es preocupante y compromete al Estado, siendo sus posibles consecuencias aún impredecibles. La nueva postura, en cualquier caso, tiene que ver directamente con la última crisis vivida entre España y Marruecos a raíz de la acogida en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario Ibrahim Gali, que generó un enorme enfado en Rabat. Como consecuencia, Marruecos emprendió una ofensiva de diplomacia dura e híbrida, de manera que retiró a su embajadora en Madrid y llevó al límite su chantaje migratorio permitiendo la entrada en mayo del año pasado de miles de marroquíes en Ceuta, lo que generó una crisis humanitaria y política de grandes dimensiones. El “pragmático” giro de Sánchez en favor de la autonomía zanja su crisis con Marruecos pero ahonda el problema político y humanitario saharaui. Un conflicto que lleva enquistado más de tres décadas y con las posiciones enrocadas, sin que se vislumbre una salida. El Frente Polisario llegó a declarar en noviembre de 2020 roto el alto el fuego. El Sáhara precisa de una solución “seria, creíble y realista”, como indica ahora el Gobierno español, pero sobre todo democrática y acorde a la legislación internacional y a las resoluciones de la ONU y que pasa por un referéndum de autodeterminación.
