a estrategia de máxima crispación y desestabilización que, a imitación de las políticas, actitudes y métodos de la ultraderecha -incluido el uso de la mentira-, está llevando a cabo el Partido Popular en el Estado español puede tener cierta traslación en votos para los partidos que las practican pero, además de ser antidemocráticas, tienen el riesgo de llevar a la confrontación y al enfrentamiento social. Acontecimientos vividos esta pasada semana como el violento asalto al Ayuntamiento de Lorca por parte de un grupo de ganaderos presuntamente instigados por miembros del PP y Vox, pero en cualquier caso imbuidos de ese espíritu de crispación que utiliza la derecha, o el bochornoso espectáculo del jueves en el Congreso de los Diputados apuntan a que el clima incendiario se le está yendo de las manos a la formación que lidera Pablo Casado. Una atmósfera irrespirable frente a la que Euskadi, que ya ha sufrido la política de enfrentamiento en tiempos pasados, debe blindarse. La manera en la que el Gobierno de coalición, en especial el PSOE, ha gestionado las negociaciones para la validación de la reforma laboral apostando por apoyarse en Ciudadanos y en una raquítica mayoría alternativa a la de investidura, unida a sus continuos incumplimientos de los compromisos adquiridos, han abierto también alguna herida. No parece, pese a ello, que vayan a resentirse las relaciones entre las formaciones vascas y es descartable que estas desavenencias afecten mínimamente al Gobierno Vasco. El acuerdo PNV-PSE es lo suficientemente sólido como para resentirse, sobre todo si, como repiten desde el Ejecutivo español, los jeltzales -a quienes siguen agradeciendo su actitud- sigue siendo el socio prioritario. Otra cosa es la repercusión de lo sucedido el jueves en la política navarra. No solo por el transfuguismo de dos diputados de UPN, partido histórico que sale muy tocado tanto desde el punto de vista interno como en su fiabilidad futura, y afectará sin duda a Navarra Suma. Además, el insólito acuerdo para el voto favorable de los foralistas a la reforma laboral, que tenía como contrapartida el apoyo socialista al alcalde de Iruñea, Enrique Maya (UPN), ha generado la lógica desconfianza en los socios de gobierno del PSN. La amenaza de cierta desestabilización es obvia. María Chivite debe despejar las dudas, aclarar el futuro de sus acuerdos y blindar su gabinete de otras injerencias.