o por esperada, la sucesión de máximos en los precios de la energía eléctrica en el mercado mayorista deja de ser un problema tanto más severo cuanto no se atisba iniciativas solventes para contener su impacto en la economía doméstica -capacidad de ahorro familiar y de consumo- y en la macroeconomía -incremento del IPC-. Le asiste la razón a la vicepresidenta tercera del Gobierno español cuando lamenta la lentitud con la que el marco europeo y sus instituciones está afrontando la respuesta ante un problema que justificaría una iniciativa comunitaria compartida. La propia Comisión Europea admitían este extremo al definir hace ya dos meses una serie de medidas para actuar de modo coordinado. Sin embargo, la presunción de que el problema es eminentemente coyuntural, por las referencias del precio de la electricidad asociada al patrón gas y los costes asociados al mercado de derechos de emisión de CO2, parecen dilatar la aplicación de medidas concretas. Siendo cierto que los precios de referencia que marcan la tarifa eléctrica son fluctuantes, no lo es menos que su incidencia es estructural por cuanto la independencia energética europea es una quimera ahora mismo y la transformación del mix de generación hacia un mayor peso de las energías renovables requiere un tiempo de desarrollo e inversión. Las medidas aprobadas por la Comisión en octubre van en el camino correcto al incidir sobre la capacidad europea de realizar compras conjuntas de gas en el mercado internacional de modo que la dependencia individual de cada Estado no le deje solo frente a cada proveedor. Pero los 27 estados miembros del Consejo Europeo no han actuado con la misma celeridad desde entonces. Todavía la pasada semana dejaron pasar la ocasión de hacer causa común con contundencia frente al mercado y acabaron cediendo al tradicional pulso de intereses, que convirtió el carbón y los derechos de emisiones en un obstáculo insalvable para quienes se favorecen sectorialmente de ellos. Entre tanto, el modelo tarifario ha convertido en una trampa el mercado de tarifa regulada, al que recurrieron millones de consumidores con la expectativa de abaratar sus consumos a través del sistema de subasta. Y, en el horizonte inmediato, la recuperación económica y la competitividad también están en riesgo.
