as políticas públicas de memoria en la búsqueda de la verdad, la justicia y el reconocimiento de las víctimas causadas por todos los hechos relacionados con la violencia de motivación política que han tenido lugar en las últimas décadas siguen y deben seguir constituyendo una prioridad en Euskadi. El acto celebrado ayer en el que el Gobierno Vasco hizo entrega de los Cuadernos de Memoria y Reconocimiento a 86 familias de personas asesinadas por ETA entre los años 1968 y 1979 y cuyos casos están sin resolver es, en este sentido, un paso más en la apuesta por mantener viva la memoria de unas víctimas que no han obtenido la justicia que la terrible vulneración de derechos humanos sufrida hubiese merecido. Una sangrante realidad la de los varios cientos de atentados de ETA aún no esclarecidos que incrementa el sufrimiento de las familias por la impunidad que se ha impuesto sobre estos crímenes, interpela a los diferentes estamentos de la justicia, que no ha sido capaz de resolverlos, y apela también muy directamente a los autores, a la propia organización terrorista y su entorno. Cada uno de estos crímenes sin resolver es un drama personal, familiar y social. Pero es ETA quien ideó esa estrategia de violencia, quien planeó los atentados y quien los ejecutó y, por tanto, son sus dirigentes y militantes quienes pueden y deben asumir su responsabilidad, reconocer -sin excusas, subterfugios y generalizaciones que difuminan los casos concretos- el daño causado y aclarar las circunstancias de cada uno de ellos. Es una de sus tareas pendientes en favor de la convivencia y la justicia para con las víctimas. En todo caso, es obligación también de las instituciones favorecer el reconocimiento de las víctimas mediante el compromiso de cercanía con los damnificados y la demanda sin descanso de su derecho a la verdad y a la justicia. A lo largo de los últimos años, el Gobierno Vasco ha elaborado diferentes informes sobre toda clase de víctimas y autorías y ha celebrado actos de reconocimiento a todas ellas, desde la violencia de persecución, en especial a concejales o a miembros de la Ertzaintza, la extorsión y amenaza a empresarios o las torturas. Estos cuadernos de memoria de atentados sin resolver -elaborados en colaboración con la AVT, lo que es reseñable- son una buena contribución al irrenunciable derecho a la verdad de todas y cada una de las víctimas.