a decisión adoptada ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por la que no autoriza la implantación en Euskadi del pasaporte covid es incomprensible, está una vez más fuera de la realidad de la situación de la pandemia y de los riesgos que conlleva, utiliza argumentos endebles y desconcertantes y abunda en el descrédito de las instituciones, especialmente de la propia justicia. La petición realizada por el Gobierno Vasco para que el tribunal permitiera la exigencia del certificado sanitario en determinados supuestos ligados al ocio nocturno y a restaurantes con comedores para más de 50 personas estaba basada en los datos objetivos de evolución epidemiológica preocupantemente ascendente, venía avalada por resoluciones del Tribunal Supremo ante medidas similares en otras comunidades como Galicia y Catalunya y que el propio presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, había resaltado; y estaba apoyada por la Fiscalía, que la consideraba “necesaria, idónea y proporcionada” . En consecuencia, la negativa del Superior vasco causa estupor, desde el punto de vista jurídico y social. Considerar que la exigencia de mostrar el pasaporte covid o, en su caso, la prohibición de entrar en una discoteca a quien no disponga del mismo es una medida “limitativa de derechos fundamentales”, como hace el tribunal, no se sostiene y supone un exceso que, en sentido estricto, banaliza el ejercicio real de los derechos fundamentales. Tampoco es de recibo ni “razonable” especular con que si la restricción planteada alcanzara a las celebraciones navideñas se verían afectados el “derecho de reunión”, o sobre la supuesta quiebra en las libertades ambulatoria, de expresión y de “creación artística” -en alusión a los karaokes- o el “libre desarrollo de la personalidad” en el ámbito de la “vida social”. Tan superficiales argumentos, junto a otros más aventurados como el de la elevada tasa de vacunados y los “no relevantes” efectos del covid en los inmunizados, no deberían constituir un muro que, de facto, veta medidas eficaces y proporcionales que se están imponiendo en toda Europa. Llueve sobre mojado en la toma de decisiones de esta naturaleza de la justicia y ni las instituciones vascas ni la ciudadanía pueden quedar indefensas ante la pandemia, por lo que urge un blindaje jurídico, general y unívoco que evite la incomprensible disparidad de criterios de los tribunales.
