ras un proceso largo, a trompicones y decepcionante durante muchos años por la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos del Estado con el proyecto de la Y ferroviaria vasca, los últimos hitos positivos en torno al desbloqueo de los inconvenientes en la acometida de los accesos a Vitoria y Bilbao no deben pasar desapercibidos. El soterramiento de ambas estaciones y sus accesos era una condición irrenunciable por el impacto urbanístico positivo que tendrán en las dos grandes capitales. La dificultad y coste de la obra nunca debió ser un obstáculo que, a la vista de las fórmulas acometidas para solucionarlas, sugieren que la voluntad política -o la falta de ella- tuvo mucho que ver en los constantes retrasos, no tanto motivados por problemas técnicos, a la postre solventables, como por la laxitud en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los ejecutivos del Estado. Un compromiso que no ha sido nunca en exclusiva con la dotación de una infraestructura vertebradora en Euskadi sino con las prioridades de la estrategia europea de transporte ferroviario. Efectivamente, y frente a otros debates, sigue siendo necesario recordar que la Y ferroviaria vasca, como línea de altas prestaciones y su conexión con las redes equivalentes en la península y en Europa, es parte de un proyecto transnacional para facilitar la movilidad de personas y mercancías con menores emisiones a la atmósfera mediante la sustitución eficiente de un porcentaje muy significativo del transporte por carretera. La disposición de soluciones alternativas al soterramiento en el acceso de viajeros en las capitales solo podía tener, como así ha sido, carácter provisional y estar vinculado a una puesta en marcha del servicio más temprana y en paralelo con el desarrollo de las obras de acceso definitivas. La encomienda de gestión al Gobierno Vasco mediante ejecución anticipada y descuento de la inversión en el Cupo permitirá acelerar los plazos sin que el coste de la obra cueste a los bolsillos de los vascos más que un apunte contable liquidable anualmente al Estado. Un procedimiento que debería contemplarse de manera sistemática, como ya reclamó el lehendakari, si el problema que ha convertido en via crucis el proceso es la falta de liquidez presupuestaria del Estado. No hay excusa para otro frenazo en el futuro.
