a nueva sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contraria a la segunda aplicación del Estado de alarma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como herramienta para sostener las acciones de las autoridades frente a la pandemia covid-19 vuelve a alinear al Alto Tribunal en la pugna ideológica en torno al modelo del Estado autonómico y el desarrollo de un modelo descentralizado. La interpretación más restrictiva de la letra no es solo un ejercicio de rigor jurídico sino una consciente orientación del marco legal hacia la limitación del principio de subsidiariedad en la acción de la administración pública. Un principio no cuestionado en más de 40 años de desarrollo de la administración del Estado a través del mandato descentralizador de la propia Constitución del 78 pero que se retira de la ecuación de un plumazo. La mayoría conservadora del TC viene acogiendo de modo positivo y sistemáticamente las demandas de la derecha y especialmente de Vox, cuya campaña en favor de la recentralización de competencias es obvia y declarada. Con el barniz de preservar la labor de control del Parlamento respecto a las acciones del Ejecutivo, los magistrados obvian que, en términos prácticos, esta función nunca ha estado limitada. Durante los seis meses largos que estuvo en vigor el segundo estado de alarma objeto de anulación, el Gobierno estuvo sometido a sesiones de control por parte del legislativo una vez cada cinco días, lo que dista de la presunción de un descontrol por abuso de la norma excepcional y los poderes especiales que otorga. En cambio, la interpretación del TC supura doctrina contra el modelo de cogobernanza del Estado entre el Gobierno y las instituciones autonómicas. Asociando esta práctica a un presunto desmantelamiento de la autoridad del Estado sobre el conjunto del territorio al considerar que debió preservarse la supervisión efectiva y la avocación al Gobierno del Estado de las decisiones que aplicaran las autoridades autonómicas. El tribunal obvia la realidad práctica de que la competencia de Sanidad es una función transferida a las autonomías y parece anhelar la recuperación de su ejercicio sin acreditar una mayor eficiencia. Todo ello no obsta para que la falta de diligencia en desarrollar legislación específica por parte del Ejecutivo de Sánchez debe asumir su parte de culpa.