a proximidad del proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha servido para que se abra un proceso de diálogo multilateral que durante meses pareció paralizado. La evidencia dice que un Ejecutivo como el que preside Pedro Sánchez, en constante minoría parlamentaria, necesita practicar el diálogo de forma constante con la representación ciudadana que no participa directamente de las decisiones del gabinete. La semana ha supuesto para la coalición de gobierno en Madrid un mal trago en relación al respaldo condicionado que pueda proporcionar EH Bildu. El coste del desliz o la provocación intencionada de Arnaldo Otegi al vincular respaldo a excarcelaciones sigue siendo objetivamente alto para Sánchez. Sea o no casual, el presidente ha acelerado la maquinaria que explora otros acuerdos ajenos a la influencia de EH Bildu. Materializando los consensos mínimos trabajados en fechas pasadas, ha logrado proyectar un pacto con el Partido Popular en relación a la renovación de órganos institucionales que permanecían en régimen de interinidad. Además, con ERC ha soslayado la enmienda a la totalidad de la Ley de Convivencia Universitaria y con el PNV ha pactado desbloquear la tramitación de la iniciativa del Grupo Vasco para derogar la ley mordaza, que dormía el sueño de los justos en un cajón por pura conveniencia de la mayoría de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso. La veda del acuerdo se ha abierto, lo que no deja de ser satisfactorio, aunque resulte triste que se reproduzca una y otra vez la necesidad particular del gobierno como razón para consensuar decisiones que, como las citadas, favorecen al conjunto de la ciudadanía, no a una siglas. En adelante, esa voluntad de acuerdo tiene que coger velocidad y encarar, en el caso de Euskadi, asuntos que requieren garantías prácticas, toda vez que las verbales ya se ofrecieron en el pasado. Las cuentas de Sánchez para 2022 tienen que ser también las de quienes se las aprueben y acoger en ellas y en la actitud del gobierno español hacia otros compromisos previos un talante de consenso. No se trata de que la minoría pretenda imponer líneas maestras del presupuesto para pactar, como demasiadas veces hemos padecido en Euskadi. Se trata de que alcanzar la mayoría que precisa obliga a consensuar.