yer venció el plazo para que las compañías del sector de entregas de productos a domicilio -los denominados ‘riders’- adaptaran su modelo de negocio a unas condiciones que evitaran el recurso sistemático a falsos autónomos de bajos salarios y mínimos costes. Han sido casi cuatro meses los que han dispuesto las plataformas para regularizar su situación y el tiempo se ha dedicado claramente a buscar, y hallar, espacios en la ley que les permitan eludir sus consecuencias. La laboralización de los repartidores, objetivo de la norma, ha sido el formato menos aplicado en este tiempo. La consolidación del mecanismo de falsos autónomos -a los que se organizaba jornada y volumen de entregas como si fueran empleados obligados y a la vez protegidos por contrato- ha sido el camino elegido, con nuevos formatos diseñados para soslayar la norma, y con la subcontratación a través de otras empresas como alternativa. La experiencia debe servir para identificar claramente los límites del autoempleo y construir un marco legal que lo facilite y a la vez lo proteja. Al igual que el fenómeno de los minijobs, que durante las últimas décadas ha servido para maquillar las estadísticas de desempleo en alguno de los países tractores de la economía europea, el autoempleo en estas plataformas ha creado un perfil de trabajadores de baja remuneración, escasa protección social y mínimas cotizaciones. Estos tres males están asociados a unos empleos de cero valor añadido y mínima o ninguna formación e inciden sobre sus equivalentes en los problemas de sostenibilidad del modelo económico que suponen. La baja remuneración y la escasa protección social impide salir del círculo de la dependencia económica; las mínimas cotizaciones debilitan el sistema fiscal y de la Seguridad Social y la propia situación del trabajador en su futuro de cara a una eventual pensión; la mínima formación debilita la posibilidad de acceder a empleos mejor remunerados. El de los ‘riders’ es un paradigma de involución laboral en las sociedades más avanzadas y económicamente capaces. Un modelo de negocio que pone en peligro no solo la calidad del empleo de los afectados sino el desarrollo sostenible del modelo de crecimiento en tanto el margen real de la empresa necesita una baja calidad laboral y una elusión de la corresponsabilidad con el ámbito de lo público.
