obierno Vasco y diputaciones han alcanzado un acuerdo para propiciar la reforma de la Ley de Aportaciones, lo que una vez que el Parlamento Vasco lo tramite, permitirá actualizar a las nuevas circunstancias la relación financiera entre los diferentes niveles de las administraciones vascas: autonómico, territorial y local. El procedimiento exige ahora su aprobación como nueva norma para el período 2022-2026, circunstancia que no debería revestir dificultad al disponerse de una mayoría suficiente por parte de los partidos que encabezan esas administraciones: PNV y PSE. Libre, en principio, del riesgo de someter la adaptación del modelo de aportaciones a un ejercicio de oposición esclerotizante, como en tantos otros asuntos, la nueva normativa se augura como un mecanismo actualizado y eficiente que mantiene el principio de equilibrio como eje de su letra. Las modificaciones que incorpora el proyecto acordado responden a circunstancias objetivas. En primer lugar, al necesario ajuste de los recursos aportados por las instituciones con capacidad normativa fiscal y recaudatoria -las diputaciones- al Gobierno Vasco. La asunción de nuevas transferencias en el período de vigencia de la norma vigente -quince años, los diez últimos prorrogada por no haber podido sumarse las mayorías parlamentarias debidas- no estaba contemplada y aconseja que el coeficiente vertical, esto es, el porcentaje de la recaudación total destinada al Gobierno Vasco, se incremente en un 0,77%, hasta el 70,81%. En segundo lugar, el mantenimiento del equilibrio en el esfuerzo entre los territorios se garantiza conservando los coeficientes de aportación actuales pero incrementando el Fondo General de Ajuste, que propicia la compensación interterritorial en las aportaciones al presupuesto y pasa del 1% al 1,45%. Y, en tercer lugar, las entidades locales se aseguran disponer de un mínimo del 39,23% de los tributos concertados que les atañen, lo que incrementa también su disponibilidad de fondos. Los tres niveles de administración vasca ven así contemplada la adaptación de la metodología de financiación a sus características competenciales con el objetivo de mantener la corresponsabilidad pero también la sostenibilidad del modelo vasco. El próximo quinquenio se encararía así sobre una base solida y consensuada en el reparto de obligaciones.