n acuerdo para reformar el sistema de pensiones de jubilación salvaguardando el principio de su imprescindible función social es siempre una noticia a ponderar en positivo. El alcanzado ayer se sustenta además en un consenso amplio con agentes sociales. En este campo, también, nos hemos acostumbrado a la imposible unanimidad porque a las visiones legítimamente discrepantes del modelo socioeconómico se añaden los intereses lobistas de los propios agentes y partidos que derivan en estrategias de oposición. El acuerdo suscrito ayer desactiva algunas de las medidas más controvertidas de la última reforma del PP. Ya no se naturaliza la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas aunque siga pendiente de resolver el mecanismo de sostenibilidad del propio sistema. Pero la expectativa de unos ingresos menguantes frente al incremento de los precios se disipa, sobre el papel. Con todo, algunos aspectos centrales siguen en la incertidumbre porque, en aras del acuerdo, se ha dejado para más adelante la formulación de soluciones al reto de la sostenibilidad. Hay circunstancias objetivas que no se pueden soslayar. La primera es la menguante pirámide demográfica, que ha creado una burbuja que invierte el crecimiento e imposibilita el modelo de solidaridad intergeneracional -las cotizaciones de los hijos sufragan las pensiones de los padres- como respuesta única. Este hecho incontrovertible obliga a formular alternativas: la apuesta por mecanismos complementarios de capitalización -planes de pensiones-; la financiación vía presupuestos -con el necesario aumento de la recaudación fiscal-; o el reparto de los recursos por las dos vías clásicas: reducir la cuantía de las pensiones o retrasar la edad de jubilación para acortar el diferencial con la esperanza de vida. El acuerdo suscrito pasa por esta última vía aunque faltan por despejar en la ecuación los procedimientos que garantizan que sea suficiente. La pensión debe tener una cuantía digna y el sistema debe ser capaz de sostenerse. Las fórmulas puras de cotización pública o capitalización privada se muestran insuficientes y habrá que crear modelos nuevos. No basta con atribuir al momento un carácter coyuntural de raíz demográfica. La crisis del sistema requiere ser tratada como estructural porque el futuro no está definido pero el presente lo requiere.
