or primera vez en la historia, la Conferencia Episcopal Española hizo públicas ayer las cifras oficiales sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia desde 2001. Los datos aportados por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano indican que en estos últimos veinte años ha habido 220 denuncias contra sacerdotes españoles por este tipo de delitos contra menores, de los que 151 se han resuelto mientras que en otros 69 casos el procedimiento continúa aún abierto. Es positivo que los obispos hagan, por fin, públicos datos sobre unos graves delitos cometidos por miembros de su institución. Ello va en línea con la doctrina marcada por el Papa Francisco, que en los últimos años ha puesto en marcha un principio de tolerancia cero frente a los abusos, ha levantado el denominado secreto pontificio para casos de pederastia, ha impuesto el deber de tramitar las denuncias y, en su caso, llevarlas a la justicia civil y cooperar con ella proporcionando toda la documentación obtenida y ha ordenado la apertura en cada diócesis de oficinas en las que las víctimas puedan presentar denuncias. Sin embargo, la contabilidad de las meras cifras -que, además, se antojan muy exiguas- no resulta suficiente en un asunto de la extrema gravedad como la de los abusos sexuales a menores. Es necesaria mayor autocrítica por parte de la Iglesia, y en concreto de la española. Desde la perspectiva de las víctimas, pero también de la sociedad en su conjunto, no es suficiente el reconocimiento de que “en alguna época” la iglesia quizá “ha caminado demasiado despacio” y en otra “ha mirado hacia otro lado”. Eso parece más una obviedad. Es imprescindible, como mínimo, una petición clara y rotunda de perdón, tanto por los casos, denunciados o no, como por la actitud de la Iglesia. Tampoco deberían refugiarse los obispos en una contextualización sobre la extensión de los abusos a toda la sociedad y no en exclusiva a la Iglesia que, siendo cierta, no justifica el silencio ni la inacción habidas hasta ahora, ni tampoco en remarcar la “injusticia” de “poner todo el foco” en los sacerdotes frente a otros ámbitos. En definitiva, los pasos que está dando la Iglesia para combatir los abusos debe ir más allá, principalmente en la fase de investigación y, sobre todo, de reconocimiento y justicia para las víctimas de estos graves delitos, con una petición expresa de perdón hacia ellas.