a decisión del Tribunal Constitucional alemán de autorizar la liberación de fondos del principal contribuyente de la Unión Europea al programa de recuperación y transformación tras el impacto de la pandemia supone la puesta en marcha de todo el procedimiento de financiación de proyectos que corría el riesgo de atascarse sine die. La decisión del Alto Tribunal germano despeja el camino y, además de consolidar la estrategia europea de solidaridad entre los países miembro de la UE, frena la amenaza de que la receta de austeridad extrema que ya fracasó tras la crisis de 2008 vuelva a marca el camino. Es una receta cada vez más explícita la que algunos gurús de la economía financiera y el sector político europeo más partidario de los modelos económicos ultraliberales empezaban a prescribir: la del ajuste fiscal por la vía del gasto. Contra el criterio del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, que insisten en la necesidad de estimular la economía para reaccionar a su deterioro pandémico, hay quien defiende reproducir la dinámica del rescate, que eufemísticamente esconde un nuevo ajuste de los servicios públicos y del tejido empresarial que ya redundó en el abandono a su suerte de sectores estratégicos como la industria pesada europea en general, la siderurgia o la aeronáutica. La puesta en marcha del programa europeo de inversiones es un paso fundamental en la dirección del crecimiento y la reactivación económica, pero el grado de éxito de la iniciativa tiene también que ver con la gestión que de ese paquete económico se haga. Ahí también es motivo de preocupación el modo en que la vocación centralizadora que está acreditando el Gobierno de Pedro Sánchez puede conducir a una esclerosis del flujo de financiación de proyectos. Sin una política industrial específica desde hace décadas, los sucesivos gobiernos españoles han dado bandazos en los sectores que deberían ser punteros: la digitalización de la industria o las energía renovables, entre otros. La tentación de desoír a quienes actúan, sin ir más lejos, como referentes en el marco europeo -ahí está la experiencia público-privada vasca- en esos campos no se justifica en riterios de eficiencia sino de proyección política. Tan peligroso como no disponer de los fondos europeos sería fracasar en su gestión con un modelo de reparto ya fracasado, como fue el Plan E de Zapatero.