l agrio y grueso cruce de acusaciones que tuvo lugar el pasado viernes entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a la gestión de la pandemia, junto a la comparecencia del líder socialista en la que anunció un optimista calendario de vacunación y fijó de manera unilateral el fin del estado de alarma en mayo son los últimos exponentes de que las próximas elecciones madrileñas fijan la prioridad del Ejecutivo. La precampaña del 4-M, embarrada como todas las que han tenido lugar en los últimos años en el Estado, se ha convertido en el gran objetivo del Gobierno y de los partidos españoles. Hasta el punto de que la gestión real de la pandemia parece subsumida en la contienda electoral, marcada por una confrontación y polarización sin límites. En este contexto, el resto de temas que figuraban y debieran estar en la agenda del Gobierno y de las formaciones políticas han pasado a un segundo plano. No es de recibo. El fin del estado de alarma anunciado sin consulta siquiera a las comunidades autónomas -como puso inmediatamente de manifiesto el lehendakari, Iñigo Urkullu- por parte de Sánchez para el 9 de mayo sin que los indicadores de la pandemia avalen una decisión como esta, que además deja a Euskadi sin instrumentos ni garantías legales para tomar las medidas adecuadas frente a la expansión del covid-19, es la muestra más palpable de la supeditación de la gestión gubernamental a las necesidades electorales de PSOE y Podemos en Madrid. Desde la perspectiva de Euskadi, además, se percibe que, pese a los acuerdos alcanzados hace meses, el clima electoral y las prioridades de Sánchez pueden demorar el calendario de transferencias pendientes. Ello pone en riesgo los avances alcanzados. No se trata de que no exista diálogo e incluso acuerdos, pero es obvio que el Gobierno adopta un perfil bajo en cuestiones que pueden perjudicarle electoralmente en Madrid, donde la cuestión vasca -como la catalana- continúa siendo resbaladiza. Y la inmediata transferencia de prisiones, por ejemplo, sería la excusa perfecta para Ayuso y Vox. Es, sin embargo, imperdonable que se prime el interés electoralista sobre la gobernanza, los acuerdos y el bien común. Nada nuevo en el Estado, pero que figurará en el debe del Gobierno Sánchez.