l proceso de negociación y búsqueda de apoyos al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha conseguido para su aprobación en el Congreso una suma de votos superior a la de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, pero ha desvelado la dificultad de Podemos para compaginar las exigencias del gobierno con sus intereses de partido y los reconocidos deseos de otras alianzas. La enmienda antidesahucios que firmaba Podemos -junto con EH Bildu y ERC- resumía las incongruencias resultantes de esa dificultad en el hecho de que uno de los impulsores del proyecto de cuentas tratara de cambiarlo junto a otras fuerzas ajenas al ejecutivo en el trámite parlamentario, especialmente cuando existen cauces gubernamentales legalmente más idóneos para implementar similares medidas con parecidos efectos. La retirada ayer de dicha enmienda no hace sino confirmar las oscilaciones de Pablo Iglesias en el complicado ejercicio de armonizar la teoría de aquello que en su momento, cuando formalizó Podemos en 2014, hace solo seis años, denominó “nueva política” como forma de trasladar hacia el sistema sus precedentes en el movimiento antiglobalización y la desobediencia civil en busca de culminar la participación plena en el mismo, primero por vía parlamentaria y finalmente, tras el acuerdo con el PSOE, desde el Gobierno. Quizás porque profesar la política no es compatible, sin incurrir en la incoherencia, con la negación de sus mecanismos y procederes que tanto esgrimen las fuerzas que se jactan de ser izquierda aunque no siempre ejerzan como tales cuando tienen responsabilidades de gobierno o posibilidades de influir en el mismo. Ejemplo evidente es, sin ir más lejos, la misma coordinadora de Podemos en Euskadi, Pilar Garrido, quien tras alcanzar un pacto en Irun con el PSOE acaba de confesar su pretensión de excluir al PNV en la CAPV para formalizar “un gobierno de izquierdas” y como diputada en Madrid preside la Comisión de Presupuestos, donde Podemos presentó y votó las dos partes de la citada enmienda, entonces rechazada, pero obvia que durante 17 meses de 2008 y 2009 ejerció en un ejecutivo de coalición con el PNV como directora de Vivienda de Javier Madrazo en el Gobierno Vasco, periodo en el que se ejecutaron más de mil desahucios en Euskadi.