abrá Presupuestos Generales del Estado, por si en las últimas semanas había quedado alguna duda. Es una buena noticia. Imprescindible para afrontar una estructura de gasto que requiere de la adaptación de las partidas a una realidad que dista de la que hace dos años y medio justificaba las últimas Cuentas que diseñó Cristóbal Montoro. La recuperación socioeconómica, en términos de bienestar ciudadano y de reactivación de la capacidad de generar riqueza, es el reto de 2021. Los ruidos que vienen rodeando el proceso negociador están sistemáticamente alejados de esa prioridad, resultan casi ridículos ante la magnitud de lo que se avecina y la profundidad desde la que es preciso aflorar. En ese sentido, la confirmación del respaldo del PNV a los Presupuestos de Pedro Sánchez aporta la mayoría suficiente para su aprobación, tras el respaldo anunciado por el bloque independentista de ERC -ayer mismo- y EH Bildu -antes incluso de definirse los términos de su acuerdo- a la gobernabilidad del Estado. En todo caso, la materialización de las Cuentas sigue siendo un proceso abierto que debería servir para incorporar aún más consenso, descartado como está el de las derechas que han situado la prioridad de su boicot a la realidad definida por las urnas sobre las necesidades ciudadanas. El escenario sería halagüeño si no estuviera estrechamente marcado por la relación insana que empieza a ser endémica en el seno del gabinete Sánchez. Coincidiendo con la negociación presupuestaria, el pulso larvado entre PSOE y Unidas Podemos adquiere caracteres de chirigota. Los últimos episodios los marca la presencia de Pablo Iglesias en la comisión interministerial encargada de gestionar los fondos europeos. La decisión salomónica de Sánchez de convertir lo que debía ser la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en una mera anotación más en el orden del día del Consejo de Ministros reduce a la nada el anuncio solemne sobre la trascendencia de la misma. El motivo: la ausencia de Pablo Iglesias y la ínfima visibilidad de Unidas Podemos en el borrador de decreto que lo definía. Siguen, pues, sin funcionar los mecanismos internos de coordinación ente los socios de Gobierno. Y no lo harán mientras el socio minoritario siga más empeñado en acreditarse ante la sociedad con gestos que con soluciones.