os datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año, con récord en el descenso de ocupación desde 1976 y récord en el paro registrado entre abril y junio desde 2012, instan a no incurrir ante la profunda crisis económica que ya se deriva de la pandemia en la misma dilación en la toma de decisiones esenciales que agravó la crisis sanitaria en el Estado español entre finales de febrero y principios de marzo. Que el número total de parados se sitúe ya en el Estado en 3.368.000 con una tasa de paro del 15,33% y se hayan perdido en tres meses más de una de cada cinco horas efectivas de trabajo (22,5%) o que, contando los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el número de ocupados efectivos se redujera entre abril y junio a menos de 14 millones, un tercio de la población mayor de 16 años, viene a confirmar que cualquier demora en la toma de decisiones situaría a la economía en estado crítico incluso a la hora de aprovechar las posibilidades de los fondos europeos para una imprescindible regeneración del tejido productivo. En ese capítulo de las decisiones a no retrasar cuando se está a punto de entrar en el mes de agosto entran también las disposiciones necesarias para diseñar los presupuestos desde el conocimiento de los límites del déficit y la capacidad de deuda, lo que en el caso de Euskadi precisa de la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico que Sánchez y su Gobierno están aplazando. Siendo cierto que -o precisamente porque- la situación de la economía en Euskadi presenta notorias diferencias -1,24% de aumento del paro anual frente al 4,2% en el Estado para una tasa en Euskadi del 9,3% por el 15,33% estatal o una caída de la ocupación vasca del 3,2% frente al 5,4%, según la propia EPA-, condicionar la toma de decisiones económicas de las instituciones vascas, y por tanto obligar a su demora, por la indecisión, la incapacidad o el interés político del Gobierno Sánchez a la hora de articular las suyas puede ser asimismo crucial cuando ya se anuncia que la situación podría incluso empeorar en otoño en lo sanitario y en lo económico y es evidente que en este segundo ámbito la apelación a una herramienta excepcional como el estado de alarma, total o parcial, es contraproducente. Es, en esto también, hora de la responsabilidad, de tomar decisiones o, al menos, permitir que quien está dispuesto a hacerlo las tome.