l insólito repunte de violencia callejera con una campaña de ataques a cajeros automáticos y sedes de partidos políticos como batzokis y casas del pueblo ha devuelto a Euskadi imágenes del pasado que vuelven a impactar a la ciudadanía y erosionan la convivencia. Si cualquier episodio de contenido amenazante o con intención de amedrentar a personas y colectivos es ya de por sí repudiable y condenable, lo es más aún que, como en esta ocasión, tenga lugar en una sociedad profundamente conmocionada por la pandemia de covid-19 y sus graves consecuencias. Con el agravante de que estos ataques, perpetrados desde el cobarde anonimato, han tenido lugar saltándose las medidas de confinamiento a las que está obligada toda la ciudadanía. La serie de hechos, su contenido similar y la ubicación de los mismos indican de manera clara que se trata de una campaña planificada y ejecutada al estilo que históricamente han realizado los colectivos de la izquierda abertzale con el objetivo de señalar e intimidar a partidos, sus dirigentes y sus militantes. Además, en un contexto que puede considerarse preelectoral en Euskadi. En esta ocasión estos actos vandálicos -en los que se acusa a PNV y PSE de “asesinos” y “carceleros” se han producido bajo la excusa de la huelga de hambre y sed iniciada por un preso de ETA, Patxi Ruiz -condenado por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero y miembro del sector duro hasta el punto de que está expulsado del EPPK-, como protesta por la situación de los reclusos de la organización, en especial debido a la pandemia y el confinamiento, que ha restringido aún más las visitas a las cárceles. Estos ataques, que son sin duda graves -la quema de un cajero automático en Ea obligó al desalojo de varias personas- han merecido el reproche y condena de los partidos políticos, si bien la respuesta de la izquierda abertzale ha estado una vez más entre el silencio y la falta total de contundencia y se ha demostrado insuficiente y decepcionante. No basta, en absoluto, con señalar, como ha hecho la alcaldesa de Ea (EH Bildu), que estos actos “están fuera de lugar y no ayudan a la difícil situación que viven los presos vascos y sus familiares”. Es mucho más que eso, es un ataque amenazante a partidos políticos que representan democráticamente a la sociedad vasca. Además de un intolerable intento de regreso al pasado.