a octava conferencia entre los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, desde que estalló la crisis sanitaria a causa del covid-19 volvió a ser el reflejo del creciente y cada vez más extendido malestar por el fondo y la forma unilateral utilizada por el líder socialista en la gestión de la pandemia y, ahora, de la transición hacia la “nueva normalidad”. Al lehendakari, que -además de Quim Torra, aunque en tono y contenido muy distintos- ha venido semana tras semana siendo la voz más crítica desde el compromiso y la lealtad, se han ido sumando otros presidentes de diferentes partidos, que reprochan a Sánchez el ninguneo de las autonomías en la toma de decisiones. El contenido de la videoconferencia de ayer es la plasmación de dos grandes debates que han estado más bien latentes durante los momentos más duros y dramáticos de la pandemia pero que ahora deben estar encima de la mesa y resolverse de manera urgente. Uno es el esquema de mando único adoptado por Sánchez, que ha derivado en un modelo de imposición unilateral y de toma de decisiones no ya sin consenso, sino ni tan siquiera con consulta o conocimiento por parte de las comunidades autónomas, lo que, en la práctica, supone una merma en la capacidad de autogobierno y una recentralización competencial y de gobernanza con la amenaza de convertirse en una enmienda a la totalidad al carácter mismo del estado autonómico. Además, la duración del estado de alarma, que, mediante sucesivas prórrogas, ha superado ya los 50 días, se está viendo como un riesgo cierto de vulneración de derechos y libertades democráticas, incluidos los de información y opinión, denunciada ayer por diferentes colectivos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La utilización de la legislación de excepcionalidad fue probablemente necesaria para lograr la contención y control del virus, pero su alargamiento para estos tiempos de transición a la normalidad puede ser cuestionable tanto desde la salvaguarda de los derechos y libertades como de la mera eficacia, máxime si, como así es, existen alternativas suficientes desde la legislación ordinaria para garantizar la salud pública y el desarrollo y gestión de la desescalada. Sánchez, sin embargo, ya ha anunciado que pedirá una nueva prórroga, aunque su continua pérdida de apoyos y su obsesión por el mando único sin un ámbito real de codecisión pueden ponerla en riesgo.