De la primera reunión formal, ayer, de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno español, que Pedro Sánchez acordó con ERC como parte de los compromisos de su investidura, cabía esperar a priori poco más que su constitución como foro de diálogo a través del que tratar de encauzar las más que profundas diferencias en la relación entre Catalunya y el Estado. El mero hecho de que se haya conformado supone, en todo caso, un punto de inflexión, siquiera incipiente, en una situación que hace poco más de dos meses se antojaba de absoluto bloqueo tras una década de crudo enfrentamiento entre el independentismo catalán y los poderes del Estado -con el colofón de las exageradas penas de cárcel por sedición para políticos soberanistas- desde que el 28 de junio de 2010 la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, tras recurso del PP, dictaminara la “ineficacia jurídica” del preámbulo del Estatut que definía como nación a Catalunya, declarara inconstitucionales 14 artículos y reinterpretara otros ocho pese a que hubiese contado con la preceptiva aprobación de la sociedad e instituciones catalanas y, tras cepillado, del Congreso español. La mesa constituida ayer, sin embargo, deberá superar la disparidad de objetivos con que se sientan ambas partes, ya que la Generalitat -y JxCat y ERC- los sitúa en la convocatoria de una consulta acordada y vinculante y el Gobierno Sánchez pretende centrarlos en el “reencuentro” a través de las 44 medidas que ya presentó a Quim Torra y que, en principio, pertenecen a otro ámbito de la relación. Y deberá también aislarse de la influencia de la política diaria, lo que es prácticamente imposible cuando viene marcada por la pugna electoral entre JxCat y Esquerra de cara a las elecciones al Parlament, que se adivinan próximas, y relacionado con ella por la posición de ambas fuerzas respecto al Gobierno Sánchez, más concretamente de cara a la aprobación de los presupuestos que, por un lado, limitaría el estrés de la negociación pero, por otro, reduciría la capacidad de presión del soberanismo catalán. Dicho esto, no es ni mucho menos despreciable que la mesa desarrollara su primera sesión en vísperas del acto el sábado de Puigdemont en Perpignan, que se pretende multitudinario y ERC cataloga de electoralista, y a horas de que hoy se vote en el Congreso el objetivo del déficit, que condiciona las cuentas del Estado.