La posibilidad de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haga un uso más o menos temprano de su atribución para convocar elecciones -él la situó ayer en la horquilla entre el 5 de abril y el 25 de octubre- ha sido cuestionada de modo casi unánime desde la oposición pese a que todos los partidos se hallan hace tiempo inmersos en la preparación de los comicios y algunos incluso ya han designado a su candidata. El cuestionamiento de una posible convocatoria anterior a otoño, pese a que el adelanto máximo en esa horquilla anunciada por Urkullu sería de cinco meses, con las vacaciones de verano por medio, y debería considerarse más cuestión de oportunidad técnica que adelanto electoral, se diversifica sin embargo en sus razonamientos. Así, mientras el PP esgrimía “miedo al deterioro de la economía” por boca de su secretaria general, Amaya Fernández, pese a que las previsiones de crecimiento se mantienen para este año; la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, situaba la motivación en la “incomodidad” que afrontaría el Gobierno tras “las OPE de Osakidetza o el juicio del caso De Miguel”, que sin embargo ya habrían superado su fase más crítica; y Lander Martínez (Podemos) en “el estancamiento” al que somete el Ejecutivo a la política vasca cuando, sin embargo, reconoce que hay margen aún para sacar adelante leyes como las de cambio climático, juventud o juego, también a sabiendas de que hasta ahora se han aprobado 25 leyes o modificaciones de ley esta legislatura: siete en 2017, cinco en 2018 y trece en 2019. La realidad es, simplemente, que la elección de la fecha es potestad del lehendakari y que su publicación oficial debe producirse un mínimo de 54 días antes, lo que es tan explícito en la ley 5/1990 de 15 de junio de Elecciones al Parlamento Vasco como debería ser evidente que en su convocatoria debe ir incluida la voluntad de evitar en lo posible las distorsiones de los intereses de la sociedad vasca. Y en esa voluntad se puede incluir la posibilidad de coincidencia con otras convocatorias electorales, como la previsible en Catalunya, o la necesidad de separar del proceso electoral el desarrollo y la negociación de las transferencias pendientes que ayer retomó Josu Erkoreka con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y cuyo calendario se elaborará el próximo día 20.