La convocatoria de huelga general mañana por los sindicatos ELA y LAB (con Steilas, ESK, Hiru, Etxalde y EHNE y algún movimiento social) definida en principio en defensa del sistema público de pensiones, contra la precariedad laboral y por el reconocimiento de derechos sociales y de un marco vasco de relaciones laborales, se debe calificar sin embargo, como se deduce de la heterogénea reivindicación y han admitido los propios convocantes, de huelga ideológica. Y siéndolo en ciernes de unas elecciones en el ámbito en que se ciñe, Euskadi, y planteada con afán de continuidad y alusión directa al lehendakari, tal y como la presentaron el lunes los secretarios generales de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, sería incluso acertado calificarla de política y electoral: una huelga de campaña. La convocatoria, en realidad, es parte de una estrategia que intenta el desgaste del Gobierno y de la figura hoy prestigiada en la sociedad vasca de Iñigo Urkullu ante la impotencia de la “izquierda independentista” para configurarse como alternativa en las urnas. No en vano LAB forma en sus estructuras y halla sus coincidencias con ELA en el afán de convertir el sindicalismo en plataforma -si no agente- política. De ahí que la convocatoria se mantenga a pesar de que la realidad socioeconómica en Euskadi no ofrezca soporte suficiente a las reivindicaciones. Si la situación social, salarial y de prestaciones es notablemente superior a la del resto del Estado -con una mejora paulatina, además, de las cifras de empleo, también de las condiciones del mismo, según todas las encuestas- y se ha obtenido una actualización de las pensiones (merced, por cierto, a las negociaciones desarrolladas por el PNV en Madrid) así como una subida del Salario Mínimo Profesional, la huelga general tiene más que complicada justificación. Y convocarla en Euskadi, donde por ejemplo y de momento no se cuenta con competencia para legislar en materia de pensiones o cuyo marco laboral cuelga de la decisión del Congreso español respecto a la posible derogación de la reforma laboral aprobada por el PP, supone un error estratégico que solo lastra el respaldo social a reivindicaciones cuya legitimidad estaría mucho mejor preservada de no mezclarse con -o incluso supeditarse a- intereses políticos y electorales muy concretos.
