La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de exigir la retirada de la condición de diputado al president de la Generalitat, Quim Torra, y la del Tribunal Supremo (TS) de rechazar la solicitud de suspensión cautelar de la medida en tanto en cuanto no haya sentencia firme al respecto había situado al Parlament en la disyuntiva del debate formal entre su legitimidad parlamentaria y la obligación de legislar en virtud de las necesidades de Catalunya. Ambas son, además, las razones que respectivamente esgrimen JxCat y ERC en el debate que les separa y que, sin embargo, tiene una raíz común: la defensa de la soberanía del Legislativo. El desencuentro introducido por ambas decisiones judiciales está a punto de hacer saltar la legislatura. El choque de estrategias en el soberanismo catalán ha alcanzado su cénit y la que arropa al president Torra y a Puigdemont ha terminado por separarles de Esquerra, que empieza a ser consciente de que la vía de la confrontación permanente, con independencia de la orientación política del Gobierno del Estado -antes el PP, ahora el PSOE y Unidas Podemos- les conduce hacia un bucle en el que no avanza el procés ni se estabiliza la vida política en Catalunya. En paralelo, la vía de la judicialización permanente está dando como fruto el tensionamiento de las instituciones democráticas, sometido el Parlament a la disyuntiva de defender su legitimidad nacida de las urnas o someterse al mandato de una instancia judicial sospechosa de extralimitarse en su decisión pero difícil de apelar por los efectos que la resistencia tiene sobre terceros poco dispuestos -como el equipo técnico de letrados del propio Parlament-. Con la gravedad añadida de que la causa-origen de ese tensionamiento radicaría en una actitud -la resistencia a retirar lazos amarillos de sedes institucionales- de trascendencia muy limitada y cuestionable como motivo de intervención y dictamen de la Junta Electoral Central. El panorama catalán parece conducir ahora a una ingobernabilidad que, de no reconducirse en las próximas horas, implicaría elecciones adelantadas, con la consiguiente pugna entre ERC y JxCat por el liderazgo del soberanismo. Las heridas abiertas difícilmente se cerrarán sin cicatriz y la ciudadanía de Catalunya lleva camino de tener que elegir la resistencia o el pragmatismo; la reivindicación o el reconocimiento de las limitaciones políticas de una hoja de ruta ya inexistente.
