El precio de la energía eléctrica que abona la industria vasca es una de las variables que suele condicionar en una mayor medida la partida de costes anuales. Las fluctuaciones en los precios y los episodios de inflación de los últimos años, junto con hechos como el apagón del 28 de abril y la falta de certidumbre sobre la inversión en redes, han avivado la inquietud de las empresas. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, abogó hoy por “revisar las distorsiones” en la factura energética que abonan las empresas vascas, para lo cual pidió al Gobierno español, entre otras medidas, la supresión del impuesto a la generación eléctrica. Conocido técnicamente como Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, está establecido en el 7%.

En vigor desde enero del año 2013, la finalidad de esta figura tributaria es contribuir a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y reducir el déficit tarifario acumulado. Su amplia base de aplicación ha hecho que afecte a un gran número de clientes empresariales y en el último año han surgido diversas voces que reclaman eliminarlo, en especial en un contexto de promoción de las energías renovables. En una intervención en el Foro Gran Vía, en Bilbao, Jauregi solicitó al Ejecutivo central su retirada, al tiempo que le reclamó también que “active una política energética en favor de la industria”. A su juicio, la industria vasca se encuentra en una “clara desventaja” y sufre una “pérdida real de competitividad” frente a las empresas de Francia o Alemania. “Se puede dar el caso de que los costes eléctricos que nuestra industria paga sean un 165% más caros que en Francia y un 35% más que en Alemania. Ambos países consiguen esta reducción del precio final mediante medidas regulatorias claramente favorables hacia los sectores industriales electro-intensivos”, dijo el consejero, que reclamó “simplificar la factura y reducir el coste”.

La CAV cuenta con sectores indusriales de alto consumo de electricidad, como la máquina-herramienta, la metalurgia, la química, la automoción o el vidrio, “donde la factura eléctrica puede suponer hasta el 50% de los costes de producción”, apuntó Jauregi. La diferencia entre los precios de la electricidad en el Estado frente a países como Francia o Alemania “impacta de manera clara a la competitividad de nuestro sector electro intensivo. Cualquier variación, por tanto, tiene un impacto terrible en la competitividad de nuestra industria. Debemos cambiar esta realidad”, subrayó el consejero, que se refirió también a la producción de energía renovable en la CAV. “Que estemos en un 7% de generación eléctrica renovable en la CAV nos debería dar un poco de vergüenza como europeos”, ante lo cual defendió la “coinversión” del Ejecutivo con empresas en futuros proyectos de renovables. Los filtros del Ejecutivo para esa coinversión, que se hará a través del EVE, serán que en términos medioambientales "tenga un coste mínimo”, además de estar “donde haya recurso, tanto viento o sol”..

En su opinión, el problema no es el coste de la energía, sino la “acumulación de múltiples recargos ajenos al suministro eléctrico y que no están alineados en nada con una política industrial de futuro y largo plazo”. En este sentido, además del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, con diversas variaciones en sus trece años en vigor, aludió a los costes regulados, aportaciones obligatorias a fondos -como el de Eficiencia Energética-, y costes del sistema eléctrico “que podrían cubrirse mediante los Presupuestos Generales del Estado”. De esta forma, Jauregi señaló que el Estado “debe aprovechar plenamente las herramientas que la Unión Europea pone a su disposición para proteger a esta industria, como hacen Francia y Alemania”. 

De igual manera, el Departamento de Industria propuso también la exención de los peajes de Transporte y Distribución del 80% para los consumidores electrointensivos, así como medidas regulatorias como la maximización de las ayudas por los costes indirectos del dióxido de cárbono, en las que se podría destinar hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para la compensación de los efectos de los costes indirectos por estas emisiones, ligadas al consumo de electricidad. “Con estas medidas, perfectamente legales y ya aplicadas en otros países de Europa, se podría reducir la factura eléctrica de los grandes consumidores casi a la mitad. “Nuestro objetivo como Gobierno Vasco es que el precio final de la electricidad abonada por la industria sea tan competitivo como el del resto de Europa, todo ello sin poner en riesgo la transición energética, ni las inversiones en la red eléctrica”, añadió el consejero. 

Durante su intervención, el consejero también se refirió al acuerdo alcanzado con el Gobierno para la inversión de nuevas infraestructuras de red de transporte y de distribución con el objetivo de elevar la capacidad de Euskadi por encima del 40%, y pidió “acelerar” esa inversión. “No solo por las empresas actuales, sino por las nuevas que quieren venir y tienen dificultades porque no hay enchufes”, apuntó.