El Gobierno vasco se ha mostrado este martes contrario a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsan ELA y LAB para el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional en Euskadi y cierra así la puerta a su tramitación parlamentaria. La primera razón que ha esgrimido es que, tal y como está planteada, no tiene cabida legal. "Esta es una competencia exclusiva del Estado, tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores", ha explicado el vicelehendakari y consejero de Economía y Empleo, Mikel Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Un cambio de estas características debería hacerse a través de una ley orgánica o una ley marco, no a través de una ILP", ha argumentado.
Pero, además de las cuestiones legales, Torres ha puesto el acento en el impacto que tendría en el resto de las comunidades autónomas "la ruptura de la unidad". "Haría falta un análisis técnico sobre el impacto económico, social y jurídico que tendría el hecho de establecer salarios mínimos interprofesionales diferenciados por territorio", ha señalado. Precisamente, este punto conecta con las explicaciones que dio la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su visita a Euskadi, cuando se mostró contraria a "generar estructuras salariales distintas". "El salario mínimo interprofesional que se establece desde el Estado tiene que ser el suelo que actúe como garantía de igualdad entre las comunidades", aseguró en Radio Euskadi.
El rechazo expreso de los partidos del Gobierno a la ILP implica el fracaso de la iniciativa, ya que PNV y PSE cuentan con mayoría suficiente para frenar su tramitación. Ésta fue registrada en la Cámara vasca el pasado 21 de agosto por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde tras recoger más de 138.000 firmas y en ella plantean una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que las comunidades autónomas puedan regular un SMI.
Negociación
Por lo tanto, tal y como adelantó un día antes el PNV, el Gobierno vasco apuesta por la vía de la negociación entre patronal y sindicatos. "La mejor fórmula, la más posible y efectiva, es siempre la negociación colectiva y ese es el camino que nos marcó el Parlamento Vasco en 2023", ha señalado Torres.
Precisamente, mañana miércoles, ambas partes están citadas en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao a un acto de conciliación del conflicto colectivo planteado sobre este tema por los sindicatos ELA y LAB. La patronal ha confirmado que acudirá a la cita, aunque no ha adelantado cuál va a ser su postura. Las centrales abertzales han asegurado que si Confebask se niega de nuevo a negociar un salario mínimo de convenio acudirán al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, un punto que ha vuelto a criticar esta mañana Torres. “Los juzgados no son la solución”, ha indicado. “La vía es el diálogo, la negociación y, si es posible, el acuerdo”, ha añadido.
Ya ayer, el PNV manifestó su rechazo a la ILP por considerar que "queda bajo la supervisión del Estado y al albur de la voluntad de las Cortes españolas, unas Cortes que, precisamente, son actualmente contrarias a la ILP, con el Ministerio de Trabajo al frente de la negativa", según destacó el partido jeltzale a través de un comunicado. Los de Aitor Esteban abogaron también por la segunda vía abierta, la negociación de un salario mínimo de convenio entre sindicatos y patronal.
Críticas de los sindicatos
Tras conocerse la posición oficial del Gobierno vasco, ELA ha criticado la "conducta profundamente antidemocrática del Gobierno de Pradales" y ha reclamado el voto a favor de los grupos políticos en la próxima votación del Parlamento Vasco. Asimismo, la central anuncia movilizaciones conjuntas con el resto de sindicatos.
"El Gobierno vasco quiere cerrar todas las vías a establecer aquí un salario mínimo propio. Ha rechazado la reivindicación de dignificar las condiciones de vida de las y los trabajadores vascos: por un lado, la negativa a mediar en el intento de conciliación que tendremos mañana con la patronal. Por otro lado, se niega a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 138.495 firmas. El Gobierno Vasco ha rechazado en apenas un mes lo solicitado por casi 300.000 trabajadoras y trabajadores a través de sus firmas, rechazando, primero, la iniciativa legislativa popular de las y los pensionistas, y, después, la del salario mínimo propio", ha valorado, por su parte, LAB, que coincide en señalar "la clara posición antidemocrática" del Ejecutivo.
"El Gobierno sabe perfectamente que Confebask no está dispuesta a negociar el salario mínimo que necesita la clase trabajadora vasca y está dando por buena su postura. No ha hecho absolutamente nada para presionar a la patronal", ha denunciado.
