Más de 1.600 familias vascas se refugian en la Ley de Segunda Oportunidad

Que las segundas partes nunca fueron buenas es uno de esos refranes a los que hay que acotar el ámbito de aplicación. Tal vez en el cine sea así, pero en la vida real las segundas partes, los borrones y cuentas nuevas, las segundas oportunidades… a veces son el paso que, aunque no nos lleve exactamente a donde queremos ir, sí nos saca del lugar en el que nos encontramos.  

Este es el caso actual de la presentadora Ivonne Reyes, quien esta semana ha declarado haberse acogido a la Ley de Segunda Oportunidad por culpa de “negocios fallidos”, “malas gestiones” y no haberse “asesorado bien”. “He perdido más de diez millones de euros. Llegué a tener tres casas y también las he perdido”, confesaba con la manifiesta vulnerabilidad de quien se encuentra en una situación de endeudamiento.

Y es que la modelo es una de tantas personas que ha buscado refugio en la joven Ley de Segunda Oportunidad que se implementó hace 10 años dada la grave situación económica que atravesaban muchas personas naturales y empresarias a la salida de la Gran Recesión de 2008, creada con el objetivo de ayudar a todas aquellas personas que se encuentran en un escenario de endeudamiento e imposibilidad de mejorar su situación económica. Su nombre viene de la cancelación de la deuda, que permite empezar de nuevo a las personas que se acogen a ella.

Concursos de acreedores 

Desde que esta Ley Concursal entró en vigor en el año 2015, el crecimiento de presentación de concursos de acreedores de personas físicas ha ascendido de manera exponencial año tras año.

Ese primer año de nacimiento de la ley, el número de concursos presentados en el conjunto del Estado sumaba un total de 6.288, mientras que en 2024 ha ascendido a 57.507, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que supone un incremento de más del 800% en nueve años.

Según estos mismos datos que recoge el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” del CGPJ, este incremento también ha sido especialmente notorio tras la reforma que sufrió la Ley Concursal el 26 de septiembre de 2022. 

Durante ese mismo año ya se notó el ascenso de los 2.500 concursos presentados en el primer trimestre –cuando la reforma aún no había entrado en vigor– a los 9.416 del último, siendo el total de solicitudes de 19.706. Un ascenso de algo más del 120%con respecto al 2021, cuando, en total, los concursos presentados fueron de 8.886. 

En la CAV, los concursos presentados ante los órganos judiciales vascos (Juzgados de lo Mercantil, Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción) en 2024 alcanzaron los 1.216, un 37,6% más que en 2023, que sumaron 884. Además, de esos 1.216, hay 916 que corresponden a personas naturales no empresarias –algo más del 75% del total–, frente a las 644 del año 2023. Lo que supone un ascenso del 42,2%.

Según recoge el informe, los concursos presentados en el cuarto trimestre de 2024 en los juzgados vascos fueron 365, un 66,7% más que en el mismo periodo de 2023.

En Nafarroa los datos dejaron sensaciones parecidas, sumando 481 concursos presentados en el conjunto de 2024, frente a los 441 incoados en 2023, con un ascenso del 9% de un año a otro.

De todos los registrados en el último año, 393 fueron presentados por personas naturales no empresarias, lo que supone prácticamente el 82% del total de concursos presentados. Entre estos, hablamos, además, de un ascenso del 18% con respecto a 2023, cuando se incoaron 333 concursos.

Reforma de 2022

La reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, si bien fue un claro impulsor de solicitudes entre las personas no empresarias, parece que no lo fue tanto para los deudores con actividad empresarial.

Esto se debe a que la ley previa a la reforma no contemplaba la exclusión de la exoneración pública. Algo que sí se pautó después de septiembre de 2022, permitiendo la exoneración de deudas públicas de hasta 10.000 euros para Seguridad Social y otros 10.000 euros para Hacienda.

Sin embargo, las familias endeudadas sí se han visto beneficiadas por otras tres novedades de esta reforma.

La primera de ellas es que se prescinde de la figura del notario, una gestión que provocaba un coste para aquellas personas que quisieran acogerse a la ley.  

La segunda novedad es la eliminación de la figura del mediador que, según el caso, podía costar unos 1.200 euros de media, además de que eliminarla también supone una evidente agilización del proceso.  

La tercera y última novedad es el tiempo que los juzgados se han marcado para concluir y conceder la cancelación de deudas, reduciendo el tiempo medio de los procedimientos concursales de 560 a tan solo 242 días.

Tres novedades por las que se han visto beneficiados los particulares que no se decidían a iniciar el procedimiento de cancelación de deudas mediante la ley, permitiendo darse a sí mismos una segunda oportunidad.