El Gobierno español no prevé modificar la indemnización por despido improcedente

Es la respuesta que ha dado el Gobierno español a una batería de preguntas parlamentarias de diputados de Vox en el Congreso, que se han interesado por saber si el Gobierno está considerando la conveniencia de impulsar alguna reforma que modifique la indemnización por despido improcedente, tasada en 33 días por año trabajado.

En concreto, los diputados de la formación liderada por Santiago Abascal exponen que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco resolvió la concesión de una indemnización adicional de 30.000 euros para una persona trabajadora por un despido improcedente, amparándose en los preceptos de la Carta Social Europea, en virtud de los cuales "considera insuficiente" la cuantía del despido en España.

Por eso, preguntaban si hay sobre la mesa alguna modificación al respecto, a lo que el Ejecutivo responde que la actual indemnización ofrece ventajas tanto para los trabajadores, al "eximirles de la prueba del daño realmente causado en caso de despido improcedente", y para las empresas, al lograrse un "efecto neutro en la decisión de contratación".   

"YA ES COHERENTE" CON LA CARTA SOCIAL EUROPEA

Asimismo, el Gobierno subraya en su respuesta, a la que ha accedido Europa Press, que el marco legal español "ya es coherente" con el artículo 24 de la Carta Social Europea, pues proporciona "una reparación adecuada a los trabajadores despedidos sin razón válida", esto es un despido improcedente.

Por este motivo, zanja la respuesta, "no se prevé una modificación de la regulación al respecto y, por consiguiente, no se estiman efectos particulares sobre colectivos vulnerables o sobre las pequeñas y medianas empresas".

Esta versión, sin embargo, no encaja con los planes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha asegurado en público que en España la indemnización por despido improcedente es "demasiado barata" y por eso habría que reformarla.  

YOLANDA DÍAZ QUERÍA UNA DESPIDO "RESTAURATIVO"

La idea de Sumar, socio minoritario del Gobierno, siempre ha sido que el despido sea disuasorio para la empresa y "restaurativo" para la persona trabajadora, pues la formación dice que la legislación española no está cumpliendo con lo estipulado en la Carta Social Europea.

A juicio del grupo plurinacional, según exponía en una proposición no de ley registrada en el Congreso, el despido debería reflejar el daño real y tangible causado a la persona como resultado de la pérdida de su empleo. No sólo por la pérdida de ingresos, sino también por el aumento del estrés, que puede persistir incluso después de encontrar otro trabajo.

Pero además de esta propuesta de Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Podemos, EH Bildu y BNG han reclamado en reiteradas ocasiones la derogación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado.

De hecho, ERC, Bildu y BNG votaron en contra de la reforma laboral de 2021 liderada por Yolanda Díaz por no haber tocado el despido, e incluso llegaron a presentar su propia proposición de ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y, entre otros puntos, mejorar las indemnizaciones.

En lo que respecta a Podemos, ya fuera del Gobierno de coalición ha presentado esta legislatura un nuevo Estatuto de las Trabajadoras y Trabajadores que, entre otras muchas cuestiones, propone recuperar los 45 días de indemnización en caso de despido nulo y eliminar la figura del despido improcedente, sin tener en cuenta la opinión de la patronal.