El Parlamento Vasco aprobó el pasado mes la nueva ley de empleo, un texto ambicioso que aspira a redefinir las políticas activas para la inserción laboral mediante varios ejes. El primordial atañe a la reforma de Lanbide, el sistema público, que liderará la nueva Red Vasca de Empleo. Se trata de un conglomerado en el que tomarán parte ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y económicos, centros de formación y tercer sector. La colaboración entre todos ellos para unificar todas las ofertas y cursos es una de las claves de la nueva arquitectura, que busca satisfacer las demandas de los trabajadores a través de un “diagnóstico personalizado” en el proceso integral de búsqueda de empleo, explica el viceconsejero del Departamento vasco de Trabajo, Alfonso Gurpegui.
El objetivo fundamental es “ordenar” todo el ámbito del empleo, en el que operan unos 300 agentes vascos, a través de una red que los agrupe a todos y comparta, mediante una plataforma común, las oportunidades de trabajo que lleguen a esos canales. Como subraya Gurpegui, la ley de empleo proclama el reconocimiento del “derecho subjetivo”, para el receptor, de disponer de unas políticas activas de empleo que incluirán el establecimiento de plazos para la elaboración de un “plan de diagnóstico individual”, así como de un “acompañamiento” de Lanbide en todo el proceso de orientación laboral y el acceso a la formación necesaria para lograr el empleo.
La naturaleza jurídica por la que se ha optado para dar sentido a toda la reforma es la del derecho subjetivo, la misma fórmula que también se utilizó en 2015 para la legislación en materia de vivienda. Se trata de una concertación “más exigente” que la ley de ámbito estatal, puesto que el principio que la rige es que se trata de un derecho que “es recurrible” ante los tribunales de justicia en caso de no ser satisfecho, subraya el segundo máximo responsable del Departamento de Trabajo.
“La ley española habla de derecho garantizado, en cambio aquí hemos establecido plazos exigentes para que se cumpla la prestación del servicio”, destaca Alfonso Gurpegui en alusión a la modificación, el pasado año, del texto aprobado en el Congreso de los Diputados en el año 2015 y que, desde marzo de 2023, contempla la revisión de la Estrategia Española de Activación para el Empleo como uno de los componentes a los que se había comprometido con las autoridades europeas el Gobierno socialista dentro del Plan de Recuperación postpandemia.
El conocimiento de forma exhaustiva del itinerario laboral del demandante de empleo para procurarle una mejor valoración de sus posibilidades es la estrategia central de la reforma. “Hace tiempo que se hablaba de la necesidad de individualizar las actuaciones que tienen que ver con la empleabilidad y la búsqueda de un puesto de trabajo, siempre teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de cada trabajador”, indica el viceconsejero. Esa aproximación se hará desde un punto de vista multisectorial. En algunos casos será necesario un enfoque integral basado en la formación, subraya Gurpegui. Pero en otros casos puede ser distinto. Por ejemplo, si el trabajador presenta una circunstancia discapacitante será preciso trabajar en colaboración con el sistema de salud o, en el supuesto de que su trayectoria tenga algún déficit en materia educativa, se hará indispensable la actuación de la educación de base. “Lo que se pretende es dar un enfoque individual a todas esas actuaciones en función de cada caso particular”, resalta.
“Lanbide tendrá un papel central en las políticas activas de empleo junto al resto de agentes”
Gurpegui destaca la especial participación que van a tener los ayuntamientos, con nuevas competencias. De hecho, la ley plantea la obligación de los municipios de más de 10.000 habitantes de disponer de planes de empleo y desarrollo local. “Van a tomar parte también en el diseño de la Estrategia Vasca de Empleo 2030”, un esquema en el que el Departamento distingue el propósito básico de lograr un “empleo de calidad e inclusivo” y que al mismo tiempo “contribuya a la competitividad” de la economía. Porque tener en cuenta el prisma empresarial es otro de los objetivos. Tener en cuenta sus necesidades de personal, especialmente en un contexto en el que se está agudizando la carencia de perfiles especializados, es otra de las prioridades. En este sentido, la gobernanza de las políticas públicas de empleo corresponderá al Gobierno vasco, el nuevo Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo (con seis representantes del Ejecutivo, tres de las diputaciones y tres de los ayuntamientos, pero también a la Mesa de Diálogo Social. En este foro toman parte Lakua, la patronal Confebask y los sindicatos UGT y CC.OO., aunque no lo hacen ni ELA ni LAB.
La entrada en vigor de los distintos ejes de la reforma será progresiva. En junio deberán estar listos los planes de empleo, mientras que a partir de entonces en los doce meses siguientes todos los demandantes de empleo podrán contar con el diagnóstico individual. Además, a partir del 1 de enero de 2025, Lanbide deberá empezar a funcionar como ente público de derecho privado. “El sistema se tiene que preparar para desarrollar un modelo que responda a los retos del mercado de trabajo”, concluye el viceconsejero.
