La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impuso el año pasado seis multas por prácticas abusivas o contrarias a la competencia a otras tantas empresas, unas sanciones cuyo importe global ascendió a 251.898 euros, más del doble que la suma de las multas impuestas por este organismo en 2021.
La presidenta de la AVC, Alba Urresola, ha presentado este lunes, en una comparecencia de dos horas ante la Comisión de Economía del Parlamento Vasco, la memoria de esta entidad correspondiente a 2022, así como su plan de actuación para este año.
La Autoridad Vasca de la Competencia trabajó el año pasado sobre 124 expedientes, de los que 93 fueron de promoción de la competencia y 31 de defensa de la competencia. A partir de estos expedientes, la AVC emitió 16 resoluciones en materia de promoción, consistentes en informes normativos, como los elaborados sobre las leyes de educación o a la ley de transición energética y cambio climático.
Además, el año pasado se dio continuidad al informe anual en materia de concentraciones empresariales, que analiza las operaciones de concentración aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) pero que afectan a empresas vascas. Urresola ha subrayado que este es un informe "muy importante", y que se enmarca en la solicitud de la AVC para tener "una mayor participación" en los procedimientos de control de concentraciones cuando inciden en Euskadi.
En este sentido, ha afirmado que este tipo de operaciones societarias "afectan no solo a la economía y la competencia del País sino también al mercado laboral, la innovación y los recursos".
La AVC también aprobó el informe anual sobre ayudas públicas en Euskadi, una materia que está siendo objeto de "flexibilización" por parte de la Comisión Europea y que -según ha indicado-- "es de mucha trascendencia para definir la política industrial y para dinamizar la economía en los tiempos de crisis pospandemia".
En cuanto a las recomendaciones al sector público, se han emitido por parte del AVC informes sobre cuestiones como la necesidad de adecuar la normativa municipal para no crear barreras de acceso a la actividad económica; los problemas en ocasiones aparejados a la cesión de espacios públicos a operadores económicos; o la convocatoria y criterios de concesión de puestos en ferias.
Urresola ha explicado que el sector agroalimentario fue "protagonista" de las actuaciones de esta entidad en 2022. En este sentido, ha recordado que este es "un sector esencial que impacta muy directamente en la ciudadanía y en el que algunos eslabones de la cadena tienen una posición de más poder en detrimento de otros". En este sentido, ha recordado que la AVC analizó este sector en un estudio aprobado el pasado el mes de julio.
Un año "intenso" de "abusos en el mercado"
Por otra parte, ha indicado que 2022 fue "un año muy intenso" en lo que se refiere a la aplicación de procedimientos sancionadores por "abusos en el mercado por parte de operadores económicos". El año pasado, la Dirección de Investigación de la AVC trabajó en 31 asuntos en sus diversas fases de procedimiento, y tramitó seis expedientes sancionadores.
Cuatro de esos expedientes se habían iniciado ya en 2021, y se referían a comisiones inmobiliarias por el alquiler, a la actividad de una empresa de fumigaciones, a los tanatorios de Gipuzkoa, y a una licitación del Ayuntamiento de Bilbao. Los dos nuevos expedientes incoados estuvieron motivados por los precios de la hostelería (en el ámbito de Getabat) y licitaciones de la entidad pública EJIE. Además, se realizaron inspecciones en tres entidades, relacionadas con el mantenimiento de equipos de calderas.
En materia de defensa de la competencia y tras la instrucción por parte de la Dirección de Investigación, la AVC resolvió siete asuntos. Dos resoluciones fueron de archivo, y se refirieron a las licitaciones de ambulancias y el mantenimiento de Calderas.
Urresola ha reconocido que el tema de las ambulancias "ha sido muy controvertido", y que este es un sector en el que "no es la primera vez que se detectan pactos anticompetitivos en el marco de los concursos públicos".
Sin embargo, a pesar de "ciertos indicios de infracción", ha explicado que la AVC "necesitaba realizar una inspección domiciliaria" en varias empresas para verificar este extremo, pese a lo cual dichas inspecciones "fueron denegadas en dos ocasiones por los juzgados". En todo caso, ha señalado que a través de este expediente se obtuvo un auto judicial de inspección en Barcelona, donde se inspecciono la sede de ambulancias La Pau, "pero no se halló evidencia alguna".
Las multas y expedientes
En materia de sanciones, se multó a la inmobiliaria Imoberri por importe de 2.579 euros. En el expediente de Tanatorios de Gipuzkoa, se sancionó a Grupo Rekalde 21 y solidariamente a la matriz Tadosa con una multa de 166.920 euros.
En el asunto de fumigaciones en el puerto de Bilbao, se multó con 45.000 euros a la empresa valenciana Roca Defisan "por abusar de su posición monopolística como distribuidora de un producto para llevar a cabo servicios de fumigación en contenedores marítimos".
A su vez, dos empresas del sector de la publicidad fueron sancionadas por pactos de cobertura en licitaciones del Ayuntamiento de Bilbao: Emociona (11.503,49 euros) y Printhaus (25.896,26 euros).
En total, la Autoridad Vasca de la Competencia impuso el año pasado seis multas por prácticas abusivas o contrarias a la competencia a otras tantas empresas, unas sanciones cuyo importe global ascendió a 251.898 euros, más del doble que la suma de las multas impuestas por este organismo en 2021, año en el que las sanciones ascendieron a 114.000 euros.
La presidenta de la AVC ha informado, asimismo, de que en lo que va de año, esta entidad mantiene incoados cuatro expedientes sancionadores. Uno de ellos es el referido a las licitaciones de EJIE, que se inició el año pasado.
Entre los nuevos expedientes, se encuentra uno relativo a las moratorias de préstamos covid (abierto en febrero al Colegio Notarial del País Vasco por una posible conducta de recomendación colectiva en los precios de las escrituras o pólizas notariales).
También se ha incoado en marzo un expediente a las sociedades Furesa y Mémora, que está relacionado con el mercado funerario en Villabona (Gipuzkoa). La AVC ha incoado otro expediente, en este caso la semana pasada, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa, por una posible recomendación colectiva de precios de la sidra.
En su intervención, Urresola ha presentado el 'Plan de Acción de 2023' de la AVC, aprobado por el Consejo de esta entidad el pasado 30 de enero.
En este documento se recoge la intención de la AVC de realizar un estudio sobre sector de la distribución de alimentos básicos, con el fin de analizar --al margen del peso que sobre esta cuestión tiene la inflación-- qué factores relacionados con la competencia pueden influir en el actual encarecimiento de precios.
El Plan continúa alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcado por Naciones Unidas, y se marca 17 objetivos concretos, correspondientes a cuatro áreas diferentes.
Para ello, la AVC se marca acciones como destinadas a "asegurar el cumplimento de las leyes y regulaciones de los mercados con el fin de garantizar un crecimiento económico sostenible y en condiciones de equidad".
Urresola ha informado de que la AVC analizará este año sectores de alto impacto social. En concreto, estudiará la liberalización del transporte ferroviario y su afectación a las líneas de cercanías. También en materia de transporte, ha recordado que, recientemente, el Tribunal Supremo ha anulado las disposiciones que la AVC recurrió del decreto de VTC sobre precontratación de 30 minutos y prohibición de geolocalización.
