La Comisión Europea (CE) anunció este sábado que ha alcanzado un acuerdo para que Alemania levante su veto de última hora a la legislación ya negociada y pactada para que a partir de 2035 sólo puedan venderse en la Unión Europea coches que no emitan CO2.
"Hemos llegado a un acuerdo con Alemania sobre el uso futuro de los electrocombustibles en los coches", anunció en Twitter el vicepresidente ejecutivo de la CE encargado del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans.
El político neerlandés añadió que ahora el Ejecutivo comunitario trabajará en "lograr que se adopte el reglamento de estándares de CO2 para automóviles lo antes posible" y que la Comisión "continuará rápidamente con los pasos legales necesarios para implementar el considerando 11".
El reglamento sobre los estándares de CO2 para los coches se va a añadir a la reunión que los embajadores de los países ante la UE mantendrán el lunes, con el objetivo de que la norma se adopte el martes durante el encuentro de los ministros de Energía de los Veintisiete en Bruselas, según indicaron fuentes europeas.
El viernes pasado, el canciller alemán, Olaf Scholz, ya había insistido en que Berlín y Bruselas serían capaces de llegar a un acuerdo para que el país levantara el veto.
"Sé que el periodismo también forma parte de la industria del entretenimiento y le parece una bobada que nos pongamos de acuerdo, pero ocurrirá", dijo en tono jocoso el mandatario alemán en una rueda de prensa tras la cumbre europea celebrada en Bruselas, preguntado por el bloqueo alemán a esa medida estrella de la política climática de la Unión Europea.
Un día antes, Scholz afirmó al llegar a la cumbre que las negociaciones entre su Gobierno y la Comisión Europea para que se puedan vender vehículos con combustibles sintéticos o electrocombustibles (e-fuels) más allá de 2035 iban "por buen camino".
El mismo viernes, un portavoz del Gobierno alemán confirmó en Berlín que el Ejecutivo germano había enviado a Bruselas una propuesta con "una solución jurídicamente segura" relativa a los combustibles sintéticos y que ahora estaban estudiando la reacción de la Comisión Europea.
Entre los elementos centrales citó el compromiso de la Comisión con la neutralidad tecnológica y el anclaje de este principio en la regulación sobre los valores límite de emisión, así como la creación de una categoría de vehículos "e-fuels only" para que quede anclada inmediatamente en la legislación europea.
La Unión Europea (UE) acordó hace meses prohibir la venta en su territorio de coches que emitan CO2 a partir de 2035 tras una negociación entre los Veintisiete y la Eurocámara.
El acuerdo no habla de tecnologías de motorización, por lo que no excluye el motor de combustión, pero el desarrollo tecnológico actual invita a pensar que el motor eléctrico o las pilas de hidrógeno son la mejor solución escalable.
No obstante, el pacto original ya incluía, a petición de Alemania e Italia, el compromiso de que la Comisión Europea presente en 2026 una actualización de la normativa en relación con los combustibles sintéticos o "efuels", que teóricamente son climáticamente neutros porque sólo emiten el CO2 previamente capturado y permitirían, a priori, seguir vendiendo coches con motores de combustión.
La Eurocámara aprobó el acuerdo en sesión plenaria en febrero y cuando los Estados miembros se disponían a hacer lo propio en una votación de sus embajadores en Bruselas, Alemania, primer fabricante automovilístico de la Unión Europea, bloqueó el acuerdo.
Berlín había estado reclamando más protección para los combustibles sintéticos, que son neutros en emisiones de CO2, pues se fabrican con hidrógeno y carbono capturado previamente u obtenido a partir de biomasa.
El Parlamento Europeo ha sido taxativo sobre la imposibilidad de alterar el texto legal pactado porque "mataría" no sólo la política climática comunitaria, sino la credibilidad del proceso legislativo de la UE.
El órdago de Berlín encontró cierto apoyo de países como Eslovaquia, República Checa, Italia, Hungría, Polonia y Bulgaria.
En cambio, ha generado desconcierto y rechazo en buena parte del resto de Estados miembros, entre ellos el Estado español, que se han mostrado anonadados por el cambio de posición justo antes del procedimiento de aprobación formal, una regate político tan inusual que no se recuerdan maniobras similares en el pasado.
Fuentes de la Comisión Europea consultadas por EFE a lo largo de este mes han sostenido siempre que el Ejecutivo comunitario no estaba dispuesto a tocar el texto legal, aunque Bruselas sí se ofrecía a encontrar algún tipo de declaración adicional que descongestionara el problema y un calendario de acciones.
