- Un informe de Ipar Hegoa, la fundación de estudios sindicales del sindicato LAB, advierte de que desde 2011 cada persona asalariada ha perdido una media de 6.165 euros y “también es notable la pérdida del poder adquisitivo” de los pensionistas. Asimismo, concluye que “es hora de tomar decisiones de país” y “desarrollar políticas públicas audaces”.

Ipar Hegoa publicó ayer el informe Ikusmiran, Análisis de la situación, primavera del 2022. Un trabajo que ha permitido concluir que, si bien las crisis desde 2008 han tenido “sus peculiaridades” con una crisis financiera, una crisis del “modelo globalista” o una crisis generada por “haber situado la disputa en el terreno de la guerra imperialista”, todas ellas han sido “provocadas por las características propias del capitalismo”, es decir, “generadas por el propio sistema”.

El estudio indica que “las supuestas soluciones que se han propuesto con el objetivo de seguir acumulando injustamente capital perjudican a la clase trabajadora, ya que profundizan en un modelo que empobrece y precariza a los trabajadores”.

“Nos han metido en una nueva crisis que no es un hecho aleatorio aislado, sino una consecuencia directa de las decisiones tomadas por quienes están en los principales órganos de decisión”, advierten sus responsables, que han denunciado que “ahora vienen pidiendo sacrificios a la ciudadanía, reduciendo su poder adquisitivo”. Así, alertan de que el “proceso de empobrecimiento” de los sectores más vulnerables y de los trabajadores “no cesa”. El IPC registró el mayor incremento de los últimos años, en torno al 6,5%, y ha alcanzado el 8,7% en mayo de 2022, una subida que ha tenido “un fuerte impacto en la cesta de la compra”. Entre otros, explica el informe, los aceites se han encarecido un 32%, las harinas y otros cereales un 14,3%, la pasta un 21,4%, la electricidad un 107,8% y el combustible de los vehículos un 40,2%.

A pesar de que “toda la ciudadanía ha notado la subida en sus bolsillos”, el informe señala que ha tenido mayor incidencia en los hogares “más humildes”, ya que destinan “más del 66% del presupuesto familiar a pagar la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas.