El Ministerio de Industria rechazó el uso de fondos europeos para intervenir Arcelor

Así lo informa el Gobierno en una respuesta registrada en el Congreso, recogida por Europa Press, al portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, que había planteado al Ejecutivo la adopción de medidas ante los anunciados planes de reestructuración de esta compañía en Asturias, incluyendo la entrada en el accionariado a cambio de las ayudas recibidas.

Estos planes pueden suponer la desaparición de mil empleos y la rebaja de más de un millón de toneladas en su producción, según los cálculos trasladados por Matute, que destacaba cómo esta empresa recibe millones de euros en ayudas en compensaciones por derechos de emisión de CO2, con los esquemas de protección de los ERTE y en su área de I+D.

Unas inversiones "a fondo perdido", lamentaba el diputado, que recordaba cómo esta empresa tiene su origen en la siderúrgica pública Ensidesa, después privatizada por el Estado, y pedía al Ejecutivo la promoción de un convenio colectivo para sus trabajadores.

En su respuesta, el Gobierno precisa que la promoción de los convenios no es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sino que son los agentes sociales los encargados de desarrollar su negociación y acordar sus términos, sin que se prevea intervención alguna por parte de la autoridad laboral.

"Por otra parte, en cuanto a posibles intervenciones en la empresa, se indica que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha informado desfavorablemente la posibilidad de emplear fondos del Plan de Recuperación para el mantenimiento, creación de empleo o la utilización de los contratos relevo", abunda el Ejecutivo.

El Gobierno concluye su respuesta señalando que todos los objetivos del Plan de Recuperación "van dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la Unión Europea, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sostenible".