El Congreso vota las medidas pactadas

- El Pleno del Congreso votará el jueves el decreto ley aprobado el pasado 1 de marzo con las medidas pactadas entre el Gobierno y el CNTC para regular las nuevas relaciones entre camioneros y cargadores, y también la introducción de mecanismos de revisión de precios en la obra pública para limitar el impacto de la inflación.

El decreto ley contiene las medidas a las que se comprometió con los transportistas el pasado mes de diciembre, que incluye la prohibición de que los camioneros hagan la carga y descarga o de que se pacte que los transportistas asuman el incremento del precio de los carburantes. Asimismo, se reducen a la mitad los tiempos de espera a partir de los cuales el transportista tiene derecho a una indemnización, así como el trato a dispensar a los conductores en los centros de carga y descarga, se limitará la competencia desleal extranjera y se impulsarán las áreas de descanso seguras y vigiladas.

Otra de las medidas incluidas en esa norma es el establecimiento de una revisión obligatoria del precio del transporte cuando varíe el coste del combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte. Contempla, asimismo, una norma que persigue amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios excepcional.

Así, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda de ese 5%. En cualquier caso, cualquier variación en el presupuesto se limitará al 20% del importe original del contrato.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que se reunirá en los próximos días con el CNTC para valorar, en la coyuntura actual, la posible priorización de alguna de las medidas del real decreto-ley. Para CCOO, la convocatoria de huelga demuestra que el real decreto de marzo “no resuelve los problemas del sector”.