- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) completó ayer una propuesta de impuesto mínimo global de sociedades del 15% dentro del Marco Inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), después de que algunos de los países más reticentes, como Irlanda o Estonia, anunciaran que finalmente apoyaban la iniciativa. De este modo, los 140 países que forman parte del Marco Inclusivo mantuvieron ayer una reunión plenaria en formato virtual en la que la OCDE culminó las negociaciones respecto de la reforma de los reglas internacionales de tributación.
La propuesta para el acuerdo de reforma será completada en la reunión que los ministros de Finanzas del G20 mantendrán la semana que viene en Washington y será así presentada para su aprobación en la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en Roma entre los días 30 y 31 de octubre. Precisamente, el Gobierno español ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, aprobados el jueves, un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó que una vez que se apruebe la propuesta a nivel internacional, el Estado la adaptará a su legislación estatal.
Precisamente el jueves, el Gobierno de Irlanda anunció que se sumaba al acuerdo fiscal internacional acordado en el marco de la OCDE para gravar con un 15% los beneficios de las multinacionales, según confirmó el ministro de Finanzas del país y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, señalando que el sí irlandés responde a la decisión de finalmente suprimir del texto pactado la expresión “al menos” que abría la puerta a una tasa superior al 15%.
“Algunos países querían mayores tipos fiscales mínimos y creo que nuestra posición ha moderado esas ambiciones en el contexto de un acuerdo y consenso amplio”, señaló el ministro, quien aseguró que la Comisión Europea ha garantizado a Dublín que la Directiva que se propondrá para transponer el acuerdo de la OCDE será “fiel” al acuerdo y “no irá más allá del consenso internacional”.
Donohoe, que estimó en unos 2.000 millones de euros anuales el impacto en la recaudación de este acuerdo, añadió que pese a que Irlanda suscribirá el pacto, el Impuesto de Sociedades en el país seguirá siendo del 12,5% para aquellas empresas con unos ingresos anuales menores de 750 millones de euros. El Gobierno francés calificó de valiente la decisión de Irlanda. “Es una elección muy valiente haber roto progresivamente con un modelo de dumping fiscal porque Irlanda sabe qué le debe a Europa, sabe que la hemos protegido durante el brexit, que siempre hemos sido solidarios. Hoy hace un esfuerzo europeo e internacional”, señaló el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune.
De su lado, a última hora del jueves, el Gobierno de Estonia anunció que se sumaba también al acuerdo liderado por la OCDE al considerar que la tasa prevista será aplicada a las grandes corporaciones y no cambia el régimen fiscal actual para las empresas estonias.
“El sistema estonio del impuesto de sociedades ha sido una de las piedras angulares de la competitividad internacional del país y debe protegerse firmemente”, expuso la primera ministra, Kaja Kallas, quien destacó el éxito alcanzado en las “intensas negociaciones” mantenidas durante el verano para lograr que este impuesto global afecte lo menos posible a los empresarios estonios. “Como resultado del éxito de las negociaciones, el impuesto mínimo no cambiará nada para la mayoría de los empresarios estonios y solo se aplica a las filiales de grandes grupos internacionales”, destacó. “Por lo tanto, nos sumamos al acuerdo fiscal global”, confirmó Kallas.
CEOE advierte
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) criticó ayer la mayor presión fiscal sobre el ahorro y las empresas que introduce el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 aprobado por el Gobierno, al tiempo que advirtió de que disparar el gasto a niveles máximos en muchas partidas “no se justifica en un contexto de recuperación económica y máximos históricos de deuda pública”. “Creemos que esta expansión del gasto público compromete la sostenibilidad de las finanzas a medio y largo plazo e hipoteca a futuro la capacidad estabilizadora de la política fiscal”, avisó la patronal en una primera valoración sobre las cuentas públicas del próximo año.
