- La pandemia ha paralizado el despegue que inició la negociación colectiva de Euskadi en 2017. Tras unos años de bloqueo total marcados por la desconfianza entre empresarios y sindicatos que generaron las últimas reformas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, ambas partes asumían la necesidad de recuperar las principales mesas y dar pasos hacia el acuerdo. El covid ha roto esta dinámica y el frenazo lo acusan de forma especial los convenios que ya habían perdido validez legal por el fin de la ultraactividad en 2013.

A partir de aquel año y en forma de goteo, una parte de estos convenios decaídos fueron renovados y recuperados del limbo (en ocasiones la salvación llegó por la vía judicial), lo que poco a poco fue reduciendo el número de trabajadores vascos sin una referencia legal a la hora de fijar sus condiciones. Pero ese proceso de rescate se paraliza a partir del verano de 2018 y en especial con la llegada del covid. Así, en los últimos tres años únicamente se han cerrado acuerdos en dos sectores que habían perdido su regulación por el final de la ultraactividad, uno de ellos de mucho peso como es el metal de Gipuzkoa (casi 30.000 trabajadores) y el otro bastante más limitado como es la fabricación de licores de Bizkaia (apenas 200 trabajadores).

Quedan por tanto en el cajón otros veinte convenios, que agrupan a cerca de 60.000 trabajadores que no tienen otro marco de referencia salvo el Estatuto del Trabajador, tal y como se recoge en el último informe elaborado por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). Algunos de estos convenios están sin tocar desde antes incluso de las reformas, otros quedaron congelados a partir de 2013 y una minoría han entrado en vía muerta más recientemente.

Dentro de este ramillete de convenios condenados hay una excepción importante como es el metal de Araba, que con más de 10.000 trabajadores puede decirse que tiene vida. Y es que CCOO y UGT sellaron, en minoría, un pacto extraestatutario para el periodo 2015-2017 que incluye la ultraactividad. Aunque formalmente no puede considerarse un convenio con plenos efectos, y de ahí que el CRL lo incluya entre los sectores decaídos, en la práctica este tipo de pactos en minoría se aplican en muchas empresas. De hecho, sobre todo al calor de los acuerdos en la industria vizcaina y guipuzcoana, la patronal alavesa SEA ha anunciado este verano sus intenciones de tratar de incorporar a ELA y a LAB a este acuerdo minoritario para dotarle de pleno valor.

El metal suele considerarse el sector bisagra en la negociación colectiva, al agrupar los tres convenios provinciales más de 100.000 trabajadores. Y las cosas están en ese sentido encarriladas, con un acuerdo en la industria de Bizkaia antes de la pandemia (tras varias jornadas de huelga) y otro en Gipuzkoa hace justo un año, en este caso sin conflicto.

El metal de Gipuzkoa ha sido precisamente la gran excepción entre los convenios decaídos en estos últimos tres años. Hay que apuntar que el convenio de la industria vizcaina no entra dentro de este grupo al contar con una prórroga automática indefinida validada por los tribunales.

En cuanto al acuerdo en Gipuzkoa, su carácter excepcional ha sido reconocido incluso por los propios agentes sociales. Excepcional por varios motivos, entre otros lo rápido que se puso el broche al acuerdo una vez convocado el ciclo negociador (el sector llevaba pendiente desde 2011) y el clima de entendimiento que presidió esas citas. La propia patronal Adegi destacó que el acuerdo cristalizó tras un proceso negociador “modélico”. Los sindicatos, por su parte, explican el resultado positivo de esa mesa por el conflicto y los posteriores frutos cosechados en Bizkaia, que forzaron a dar pasos a Adegi.

Con muchos menos trabajadores, recientemente se ha repescado el convenio decaído de fabricación de licores, embotelladores y almacenistas de vino en Bizkaia.

A partir de ahí, hay que remontarse al verano de 2018 para dar con otros acuerdos que supusieran la recuperación de ámbitos negociadores vascos sin marco de referencia (en la primera mitad de ese año se recuperaron al menos tres). En cuanto a lo que queda en el cajón, hay convenios importantes como la hostelería de Gipuzkoa o las oficinas y despachos de Bizkaia, ambos por encima de los 10.000 trabajadores, sobre los que fuentes del CRL manifiestan dudas de que vaya a ser posible recuperar en algún momento.

En líneas generales el problema de la falta de protección de las condiciones de los trabajadores que se auguraba en 2013 ha sido menor de lo esperado. Sin embargo de la mano de esta veintena de acuerdos decaídos y sin marco de referencia estatal sí llega un cierto riesgo. No tanto por las personas que ya estaban contratadas antes de la pérdida de validez del convenio (el Tribunal Supremo ha resuelto que se deben mantener las condiciones del contrato) sino sobre todo las nuevas contrataciones y, en especial, aquellas plantillas de empresas de nueva creación.

En este sentido desde el CRL trasladan que, con la ley en la mano, a un trabajador recientemente contratado en una empresa de un sector con su convenio decaído se le podría aplicar directamente el estatuto del trabajador, pero no es lo normal. Lo más habitual, se indica, es que se acuerden condiciones similares a las del resto de la plantilla para evitar discriminaciones.

¿Y en las nuevas empresas? Ahí si que hay un vacío claro, que se resolvería en función de la voluntad del empresario o, si lo hubiera, de la capacidad de presionar del comité. En principio el trabajador estaría a lo pactado en la empresa o, en último caso, en manos del mínimo que marca el estatuto del trabajador.

Subida del 1,4%

Los salarios pactados en convenio estatal subieron de media un 1,46% en los nueve primeros meses del año, por debajo del dato registrado hasta agosto (1,5%) y cada vez más lejos del IPC interanual, cuyo dato adelantado se situó en el 4% en septiembre, su tasa más alta en 13 años, por los elevados precios de la electricidad, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento salarial del 1,46% está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Este AENC, que tenía vigencia hasta el año pasado, en estos momentos se encuentra a la espera de que los sindicatos y la patronal decidan renovarlo.

En Euskadi la subida salarial en los convenios firmados hasta agosto es algo más baja, del 1,27%, algo más alto en los convenios renovados de ámbito sectorial.

* Hay firmado un pacto en minoría por CCOO y UGT (2015-2017) con ultraactividad