- Las eléctricas deberán devolver temporalmente los beneficios “extra” que están obteniendo en el mercado eléctrico mayorista (pool) como consecuencia de los altos precios internacionales del gas y que, según estimaciones del Gobierno, a precios actuales sumarán unos 2.600 millones de euros.
Esta medida, que se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022 y cuyos ingresos se destinarán a reducir los cargos que pagan todos los usuarios en su factura eléctrica, forma parte del plan de choque aprobado ayer por el consejo de ministros vía real decreto-ley para amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los altos precios del pool, que desde julio se encuentra en máximos históricos.
Las instalaciones afectadas por esta media son nucleares, hidráulicas y renovables a mercado (aquellas que no reciben primas ni han participado en subastas), salvo aquellas con capacidades instaladas de menos de 10 megavatios (MW).
El objetivo es que las empresas devuelvan hasta el 90% de esos beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas, explicaron ayer fuentes del Ministerio para la Transición Tecnológica, que señalaron que la medida estará vigente hasta marzo del año que viene, cuando se prevé que los precios gasistas comenzarán a bajar.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que las medidas aprobadas ayer para combatir las continuas subidas del precio de la luz permitirán rebajar la factura una media del 30% mensual hasta final de año. Entre las medidas que más contribuirán a esta rebaja se encuentran la reducción del IVA al 10% -que el Gobierno descarta prorrogar para el gas-, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica o el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5%.
“Estas medidas encajan bien con las acciones que el Gobierno lleva ejecutando desde junio de 2018. Estamos comprometidos con una sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y capaz de facilitar la democratización de los actores que participan en él”, ha defendido la ministra. Por otro lado, el real decreto-ley modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden y evitar “súbitos” desembalses como los registrados este verano en algunas cuencas.
Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3 , tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.
