- En Repsol y CaixaBank ya pueden respirar tranquilos pues el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido archivar para ambas compañías, así como para el presidente de la petrolera, Antoni Brufau, y el expresidente de la entidad financiera catala, Isidro Fainé, la investigación sobre la contratación por parte de ambas sociedades del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces máximo responsable de la constructora Sacyr, Luis del Rivero.
En esta pieza del caso Villarejo, en concreto la 21 de la macrocausa Tándem, el magistrado investiga la contratación en 2011 por parte de ambas sociedades mercantiles a Cenyt, el buque insignia del grupo empresarial de Villarejo, con el presunto objetivo de que espiara a Del Rivero para impedir que se hiciera con el control de Repsol, de la que CaixaBank es uno de los principales accionistas, a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex.
En abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 imputó a Brufau y Fainé por un presunto delito de cohecho, al considerar que la reacción frente a Sacyr fue “promovida por los dos presidentes”, y, el pasado 8 de julio, dio el mismo paso con Repsol y CaixaBank como personas jurídicas por cohecho y revelación de secretos, razonando que la contratación a Cenyt se hizo en nombre y beneficio de ambas.
El magistrado ha dado marcha atrás en estas imputaciones tras escuchar en su juzgado a Brufau y Fainé, que comparecieron el pasado 7 de mayo, y a los representantes legales de Repsol y CaixaBank, que han declarado esta misma semana. Los investigados expusieron que fue un encargo lícito, para obtener información sin “acciones intrusivas”, y que se hizo conforme a las normas vigentes, tanto legales como internas.
Respecto a Brufau y Fainé, el instructor señala que “no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos presidentes en la contratación de Cenyt”.
A este respecto, destaca que la contratación no recaía en el ámbito de control de los presidentes, sino de sus jefes de seguridad del momento, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), ambos imputados.
“Por tanto, sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa, que está delegada en los órganos competentes para ello”, resuelve.
Es más, ha recordado que “en nuestro ordenamiento jurídico no cabe la responsabilidad objetiva por razón del cargo”, por lo que “no es posible mantener la imputación de los máximos responsables de las compañías, por el mero hecho del cargo que ostentan”.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón da especial valor a lo expuesto por los representantes legales y a la documentación aportada posteriormente por las empresas para acreditarlo. Así, el magistrado entiende que “ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz”, sin que las acusaciones hayan logrado probar lo contrario.
Mutua Madrileña. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido procesar al exdirector de Seguridad de Mutua Madrileña, Benjamín García Cañón, por un presunto delito de cohecho activo por la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Villarejo. Junto con García Cañón, el magistrado propone juzgar a Villarejo y a su socio Rafael Redondo por la redacción de un informe sobre un expresidente de la aseguradora, un proyecto de 2012 llamado Autumm.
