Este martes están llamados a declarar en los juzgados de Amurrio los tres trabajadores de Tubacex que fueron detenidos por la Ertzaintza el pasado 23 de febrero durante los incidentes que se registraron en los piquetes frente a la planta de Llodio. Se les imputa un delito de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos y el juez será quien decida, una vez oídas tanto sus argumentaciones como las pruebas que presente la Policía autonómica, si sigue adelante con la acusación.

Para apoyar a sus compañeros en el momento de la toma de declaraciones, el comité de empresa de TTI y Aceralava ha convocado una concentración frente al Juzgado de Amurrio, que se desarrollará de 10.30 a 11.30 horas para, seguidamente, partir en autobuses hacia Vitoria-Gasteiz, donde tomarán parte en otra concentración frente al Parlamento Vasco, de 12.30 a 13.30 horas, con regreso previsto desde la catedral a las 13.45 horas, ya que esa jornada -el día que se cumplirán 90 días de huelga indefinida- también está prevista la intervención de los representantes de la empresa en la citada cámara.

Aquí no se terminarán las movilizaciones de la semana próxima en contra del expediente de regulación de empleo, que ha puesto ya en la calle a 95 compañeros, sin contar otras 22 bajas voluntarias incentivadas y 12 prejubilaciones; y por las que también se está urgiendo a las instituciones públicas a implicarse en este conflicto, pendiente de lo que dicte la ley al respecto en un juicio, aún sin fecha, aunque “estimamos tendrá lugar a mediados de junio”, informó a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el portavoz del Comité de empresa y delegado de ELA, Eduardo Ibernia.

Así las cosas, mañana hay prevista una marcha que partirá a las 10.00 horas desde la portería de la fábrica de Amurrio en dirección a Orduña donde, a las 12.00 horas, hay prevista una concentración en la Foru plaza, aprovechando las fechas tan señaladas que son para la vecina ciudad vizcaína (fiestas de Otxomaio), aunque la pandemia no haya permitido celebrarlas ya por segundo año consecutivo. De igual forma, el jueves 13, habrá un acto de solidaridad entre la plantilla de PCB y de Tubacex, en la portería de la empresa de Barakaldo a las 11.30 horas, después de saberse esta semana que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el ERE aplicado en PCB de Barakaldo y Sestao, confirmando los argumentos que durante meses habían mantenido los sindicatos de que no tenía causas que lo justificasen y de que la empresa pretendía aprovechar la situación coyuntural generada por el covid-19 para realizar despidos en su plantilla. En concreto, la empresa despidió a 83 personas. “A ver si nosotros corremos la misma suerte”, confía Ibernia.

Por lo que respecta a la forma de proceder que está teniendo la Ertzaintza durante las movilizaciones que están llevando a cabo los trabajadoras en huelga de Tubacex, ha sido EH Bildu Amurrio quien se ha manifestado a través de un crítico comunicado.

“Desde que emprendieron la ejemplar lucha por la defensa de sus puestos de trabajo y, unido a ella, el futuro de toda Aiaraldea, muchos han sido los episodios de violencia protagonizados por la Ertzaintza. Despliegues desproporcionados, momentos de tensión, provocaciones, y agresión directa sin ninguna justificación”, relatan, al tiempo que recuerdan como “uno de los momentos más tensos y duros” el de la concentración frente al parlamento de Gasteiz después de la marcha de los trabajadores desde Amurrio hasta la capital alavesa.

Por esta razón, en el pleno de abril del Ayuntamiento de Amurrio, presentaron una moción para su debate en la que solicitaban tanto el rechazo a esas agresiones como que se pidiera a quien corresponda que no se vuelvan a repetir. “Sorprendentemente, PNV y PSE rechazaron que se debatiera el tema y se adoptara ninguna decisión”, aportan.

Por otro lado, trabajadores de Novaltia, en huelga desde hace más de un año y medio, y delegados del sindicato ELA se han manifestado esta semana en Llodio para exigir a la dirección de la empresa “una negociación real” de un convenio “digno”. Asimismo, han denunciado que la Inspección de Trabajo “no sanciona las vulneraciones al derecho de huelga”, como la contratación de “personal de ETT para sustituir a los huelguistas”.

La movilización pretendía “luchar por eliminar la precariedad existente” y es que, según criticaron, “los salarios más bajos de Novaltia no superan los 950 euros mensuales”, mientras que la empresa, durante el periodo 2017-2019, “ha tenido unos beneficios de 4,5 millones de euros”. En este sentido, ELA ha censurado que, “desde junio de 2019 hasta enero de 2020, la empresa ha contratado personal de ETT para sustituir a huelguistas” y la Inspección de Trabajo, “a pesar de tener conocimiento de ello y ser consciente de que la empresa ha vulnerado el derecho de huelga, no ha querido actuar”. A su entender, “es muy grave que Inspección se haya convertido en colaborador de Novaltia en este conflicto”.