- El Programa de Incentivos a la movilidad eficiente y sostenible Moves III entra hoy en vigor con ayudas superiores a las del actual II, gracias a un presupuesto que se cuadriplicó hasta llegar a los 400 millones de euros (ampliable hasta 800 millones) y que se extenderá hasta 2023.

Los particulares, autónomos (también taxistas y conductores de VTC), Administración y empresas que vayan a comprar a partir de hoy un turismo o furgoneta eléctrica o híbrida enchufable, así como una moto eléctrica, cuentan con nuevas ayudas para ello.

Según el Moves III, los particulares y autónomos que adquieran un coche -no puede superar los 45.000 euros, como sucedía en el Moves II- podrán recibir hasta 7.000 euros si entregan otro para achatarrar. Para personas con movilidad reducida, taxistas, conductores de VTC o habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes esas subvenciones se incrementan un 10%.

En el caso de los compradores de un vehículo acogido al Moves II y que no lo hayan recibido hasta ayer, podrán renunciar a esas ayudas (de un máximo de 5.500 euros si se achatarra) y acogerse a las del Moves III, según el documento que el ministerio elaboró con las patronales del sector.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, explicó que con el Moves III el objetivo que persigue el Gobierno es que en 2023 haya, al menos, 250.000 eléctricos por las calles de toda España y que cuenten con 100.000 puntos de recarga, entre públicos y privados, para evitar así la emisión de más de 400.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Desde el sector, la patronal de fabricantes Anfac espera que con este plan las ventas de vehículos electrificados crezcan un 75% este año, hasta superar las 70.000 unidades. El presidente de la patronal de vendedores de vehículos Ganvam, Raúl Palacios, afirmó que el nuevo Moves ayuda a remediar “la incertidumbre y el estancamiento del mercado que provocaba la intermitencia de las ayudas”, y contribuye a reducir la brecha de precio que hay entre los modelos eléctricos y los de combustión. Además asegura que se compensa “la debilidad” del criterio de reparto de recursos en función de la población y no del mercado.