- Cada día está más claro que en el Gobierno español de Pedro Sánchez en materia de economía hay dos criterios diferentes. Y estas discrepancias, alentadas por Podemos que quiere ejercer a la vez de Gobierno y de oposición, está ralentizando la aplicación de las medidas para paliar los efectos de la crisis o para ayudar a salir de ella. Ayer mismo estaba previsto que se aprobara el plan de ayudas por importe de 11.000 millones de euros anunciado días atrás por Sánchez pero el mismo ha quedado en el aire.

El citado programa de ayudas del que el Gobierno Vasco afirma desconocer todo se ha retrasado pero la ministra Nadia Calviño insistió en señalar que no había sido por diferencias con Podemos, cuya política económica es cuestionada tanto por el empresariado español, de forma directa, como por Bruselas, de forma diplomática.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, negó que choques en el seno del Ejecutivo español estén retrasando la aprobación del paquete de 11.000 millones de euros de ayudas a empresas, pero no ha desvelado el monto de las que serán directas porque “no es una subasta”.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también negó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la demora de este fondo, cuya aprobación se esperaba este martes, se deba a desacuerdos.

“Estamos dando los últimos retoques, terminando de ajustar todos los detalles para que sea aprobado el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario”, resaltó Nadia Calviño, según Efe.

Y, preguntada sobre si las ayudas directas supondrán 2.000, 5.000 o 8.000 millones de euros de los 11.000 anunciados, apuntado que “esto no es una especie de subasta de cantidades. Se están “terminando ajustes técnicos” ante un real decreto ley “con muchas páginas” y que debe responder a “estándares de seguridad jurídica y de racionalidad económica”.

Calviño ha puesto el foco en que las “ayudas lleguen y se canalicen al conjunto de la economía reduciendo el endeudamiento para que, “cuando bajen las restricciones y se recupere la demanda” las empresas puedan afrontar la contratación de trabajadores y la recuperación económica.