- La proposición de ley para derogar el artículo del Código Penal que contempla penas de cárcel para los piquetes de huelga superó ayer en el Congreso su votación de totalidad frente al intento de Cs, PP y de Vox para mantener estas penas, o incluso ampliarlas en el caso de los últimos.
De este modo, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP, el BNG, Compromís y Nueva Canarias rechazaron sendas enmiendas de totalidad. En el caso de la interpuesta por Vox, que buscaba elevar más las penas de cárcel para los piquetes, el PP se sumó al voto en contra y la propuesta solo fue apoyada por la formación de ultraderecha.
La proposición de ley, admitida a trámite el pasado octubre, superó ayer su segunda votación ante el Pleno del Congreso y pasa a debatirse ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
En su defensa de la enmienda, el portavoz laboral de Vox, Juan José Aizcorbe, señaló que el delito de coacciones contempla penas de prisión más duras, por lo que ve justificado endurecer el castigo y alertó que la derogación va en contra de derechos como el del trabajo, la dignidad, la igualdad, la integridad moral o la libertad.
El PP justificó mantener este artículo amparándose en que “el derecho a la huelga no es ilimitado” y asegurando que a los trabajadores “no les preocupa el derecho a la huelga, sino al trabajo”, según dijo su diputado Miguel Angel Jerez.
Términos similares a los expresados por Pablo Cambronero, de C’s, que cree que la derogación supone “un ataque a la libertad de los ciudadanos”, busca que en una huelga el Código Penal “no tenga nada que decir”, y que en ella “impere la ley de la selva”.
No obstante, para la diputada del PSOE Andrea Fernández, lo expuesto por la derecha está conformado por “argumentos peregrinos sin rigor jurídico ni político”. La parlamentaria subrayó que el derecho a huelga es un derecho fundamental y, por tanto, considera que “no es razonable que se equipare a un derecho genérico como es la libertad de ir a trabajar”. Este artículo, recordó, “estuvo en desuso” hasta 2011, cuando se recurrió a él por la Fiscalía “con fines políticos para ahogar las protestas”.
Unidas Podemos, asimismo, acusó a “los partidos mayordomos del poder económico” de querer “cargarse el derecho a la huelga” amparándose en la libertad cuando, según el diputado Alberto Rodríguez, “libre es quien se puede librar de abusos, tiene trabajo estable, con seguridad, salario decente y jornada descanso y tiempo libre de calidad”. Por tanto, defendió, la huelga es “la herramienta” del trabajador “para defender su libertad”.
Por EH Bildu, Oskar Matute señaló que ni el derecho al trabajo se garantiza, ni tampoco se pena la amenaza del empresario, que se justifica como flexibilidad. “Es paradigmático que el esquirolaje sea su ejemplo del derecho al trabajo y los huelguistas su amenaza”, reflexionó. El PNV, por su parte, pidió la participación de expertos para “encontrar una normativa penal adecuada”, ya que el delito general de coacciones contempla penas más graves, criticó Mikel Legarda.
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Según lo dispuesto hasta ahora en el artículo 315 del Código Penal, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses las personas que ejerzan coacción en el ámbito laboral.
