El Ministerio de Consumo prohibirá los números de tarificación adicional, los conocidos como 902, que se utilizan en numerosos servicios telefónicos de atención al cliente, porque "no pueden ser un coste para los consumidores y un negocio para unas pocas empresas".
Según han informado a Efe fuentes del Ministerio que dirige Alberto Garzón, con esta medida "de justicia social" se pondrá fin "a un abuso generalizado y agravado en el contexto del covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad".
Por ello, la nueva normativa prohibirá cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, entre los que figuran los 902, que son los más extendidos.
Para poder llevar a la práctica esta prohibición, se modificará el artículo 21 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios "para precisar este punto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", y evitar así que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica.
Para ello, se abrirá previamente un proceso de consulta pública a la ciudadanía y trabajo con las asociaciones de consumidores y sociedad civil, según las fuentes, que recuerda que legalmente las empresas deben disponer de un número que no tenga coste superior al de la tarifa básica para los servicios de atención telefónica.
"Los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas", según el Ministerio, con lo que se pondrá fin a "abusos y sobrecostes en las facturas mensuales, de los que se beneficiarán toda la población, especialmente, aquella con menos recursos".
Atención "eficaz, transparente y de calidad"
El departamento que dirige Garzón insiste en que el acceso a una atención "eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible" en los servicios de atención al cliente, quejas, reclamaciones e incidencias, "no puede estar condicionado por los recursos económicos del consumidor".
Recuerda también que la supresión de estas líneas era una reivindicación de consumidores y asociaciones desde hace más de una década.
El Ministerio de Consumo detalla que hasta ahora existen discrepancias sobre la interpretación del concepto de "tarifa básica" y muchas empresas las aprovechan para poner números con coste para quienes efectúan las llamadas.
Los más comunes son los 902, más caros que una llamada provincial pero más baratos que una nacional con el fin de que si los usuarios llaman a una de estas líneas, localizada fuera de su provincia, paguen algo más que por una llamada provincial pero menos que por una nacional.
