CaixaBank y Bankia pretenden apurar los plazos y acelerar al máximo los trámites pertinentes con el fin de tener ultimada su fusión antes de finales de año, informaron a Europa Press en fuentes del sector.
La operación, que daría lugar a la primera entidad de banca doméstica en España, está aún en sus fases iniciales, pero ha arrancado con fuerza, al contar con la bendición del supervisor (el Banco Central Europeo) y el Ministerio de Economía, no así con la del socio de la coalición de Gobierno Unidas Podemos.
Actualmente, ambas entidades están en plena fase de 'due diligence' (auditoría legal), en la cual se intercambian información y tienen acceso a sus respectivos libros con el fin de afinar los números de la operación.
También han contratado ya a sus asesores. En el plano financiero, Caixabank cuenta con el asesoramiento de Morgan Stanley, con Deloitte como consultor y con Uría Menéndez como asesor legal. De su lado, Bankia tiene a Rotschild como asesor financiero, a EY como firma de servicios profesionales y a Garrigues como despacho, según detalla 'El Confidencial'.
Una vez concluida la due diligence, CaixaBank y Bankia definirán cómo queda finalmente la ecuación de canje de acciones, el organigrama y el reparto de poder interno, el plan de reducción de capacidad instalada -que cuantificará las sinergias y el ahorro de costes-, el plan de negocio futuro, la sede social y el nombre de la entidad resultante.
Según la ecuación de canje que se baraja, La Fundación La Caixa controlaría un 30% del grupo resultante de la fusión, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), bajaría su peso de casi el 62% actual al 14%.
Con datos a cierre del jueves, la capitalización bursátil de CaixaBank ascaendía a 10.859 millones de euros, mientras que la de Bankia se situaba en 3.178 millones. Si se tomaran como referencia estos datos para la ecuación de canje, los accionistas de CaixaBank tendrían el 70% de la nueva entidad, y los de Bankia el resto.
Consenso en el organigrama
En cuanto al organigrama, parece que las entidades se sentirían cómodas otorgando el sillón de presidencia a José Ignacio Goirigolzarri y el puesto de consejero delegado plenipotenciario a Gonzalo Gortázar. En el caso de José Sevilla, actual consejero delegado de Bankia, no se ha definido aún si tendría encaje en el nuevo organigrama.
Respecto a la sede social, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado aún al respecto, es previsible que la entidad resultante mantenga la sede en Valencia, donde la tienen actualmente ambos bancos.
La fusión de CaixaBank y de Bankia, tercera y cuarta entidad por tamaño del sector financiero español, daría origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia), lo que propiciaría significativas sinergias.
Desde el ámbito de la solvencia, ambos se sitúan en los puestos de cabeza de los bancos cotizados españoles, con una ratio de CET1 del 13,27% en Bankia y del 12,3% en CaixaBank, con lo que la nueva 'CaixaBankia' estaría entre los bancos españoles más solventes.
Juntas extraordinarias de accionistas
Si la operación sigue adelante, y una vez que los respectivos consejos de administración dieran el visto bueno a la fusión, CaixaBank y Bankia convocarían sendas juntas extraordinarias antes de finales de año para obtener la 'luz verde' de los accionistas.
En cuanto a las autorizaciones, y dada su presencia mayoritaria en España -CaixaBank es la única de las dos que tiene presencia en el exterior, concretamente en Portugal- es muy probable que ambas entidades notifiquen la operación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en lugar de remitirla a Bruselas.
La Ley de Defensa de la Competencia plantea el procedimiento de control de concentraciones en dos fases. En la primera, que durará un máximo de un mes, se analizará la operación, y el consejo del organismo presidido por Cani Fernández decidirá si la operación debe ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, exige un análisis más detallado.
La mayoría de operaciones se aprueban en esta fase. En 2016, se resolvieron 102 operaciones de concentración, de las que 96 fueron autorizadas en primera fase sin compromisos y 5 con compromisos.
Si se detectan problemas de competencia que requieren un mayor análisis, se pondría en marcha una segunda fase, con un análisis más minucioso todavía que incluye la consulta a terceros interesados. El consejo de la CNMC decide si la concentración debe ser autorizada sin más o si requiere que se apruebe sujeta a los compromisos que propone el comprador para que le autoricen su operación.
En el caso de que los compromisos no fueran suficientes para resolver los problemas de competencia identificados, el consejo puede imponer condiciones que complementen o, incluso, que sustituyan los compromisos propuestos por el comprador.
Dado el solapamiento de parte de su red de oficinas (unas 1.400 están en el mismo distrito postal) tanto CaixaBank como Bankia son conscientes de que Competencia puede imponerles un repliegue en determinadas regiones donde cuentan con fuerte presencia (caso de Madrid o Comunidad Valenciana) por lo que el plan de compromisos presentado incorporaría esa eventualidad.
La operación permitiría al Gobierno además recuperar parte de las ayudas percibidas en el rescate de Bankia, que superan los 24.000 millones de euros, de los que hasta la fecha ha recuperado solo unos 3.000 millones a través de dos procesos de venta parcial y vía dividendos.
