El Gobierno español ha lanzado un nuevo paquete de ayudas que ha explicado tras el Consejo de Ministros el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Entre otras medidas, el Ejecutivo central prohíbe los desahucios y prorroga automáticamente 6 meses los contratos de alquiler que estén a punto de vencer.
"Protegemos el derecho constitucional a la vivienda, que es la trinchera desde la que la gente resiste el virus. Y hay que garantizar este derecho. Tomamos medidas para proteger a las personas que viven en alquiler, quedan suspendidos todos los desahucios de personas vulnerables durante seis meses; se prorrogan todos los contratos en vigor que estén a punto de vencer; ponemos en marcha microcréditos a interés cero para pagar alquileres y que se podrán devolver en 6 años, ampliables a 10", ha señalado Iglesias.
Si pasado ese tiempo de seis meses "hay inquilinos que aun así no pueden hacer frente al pago, van a contar con el apoyo del Gobierno" ya que "el Estado se hará cargo de las deudas de todos los inquilinos en situación de vulnerabilidad que no logren salir de esa situación y no puedan hacer frente al pago de los créditos".
Para facilitar el acceso a los citados microcréditos, Iglesias ha precisado que serán más flexibles en cuanto a lo que se considera hogar vulnerable. "Habrá una definicion muy amplia de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse a este sistema, que permitirá que un gran numero de personas inquilinas puedan acogerse a ellos".
Podrán acceder a ellos parados, "trabajadores afectados por ERTE o reducciones de jornada o autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos".
Prestación para trabajadores temporales sin paro
Asimismo, se ha aprobado una prestación por desempleo para colectivos especialmente vulnerables. "Ponemos en marcha una prestación correspondiente al 80% del IPREM (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios), unos 440 euros, para todos los trabajadores temporales a los que se hayan extinguido el contrato al comenzar el estado de alarma", ha avanzado Iglesias.
También se han prohibido los cortes de suministros básicos: "Garantizamos los suministros básicos de nuestro país y lo extendemos al conjunto de la población. No se podrá suspender el agua, luz o gas a ningún ciudadano durante el estado de alarma".
Prestación para las empleadas de hogar
Las trabajadoras del hogar también tendrán una prestación. El colectivo mayoritariamente femenino de empleadas del hogar está formado por unas 580.000 trabajadoras, según la última encuesta de población activa (EPA), pero solo hay 394.171 personas afiliadas en el sistema especial, lo que refleja la irregularidad que se da en estos empleos.
Solo las dadas de alta podrán pedir el subsidio de paro que será del 70 % de la base de cotización de la trabajadora. "Si algo hemos aprendido es que es fundamental cuidar mejor a los que cuidan", ha subrayado Iglesias que ha destacado el "importante" y "poco reconocido" trabajo que hacen limpiando, cuidando de mayores y de menores.
"No puede ser que sean de nuevo las grandes olvidadas", ha reiterado. Según han explicado fuentes del Ministerio de Trabajo, la cuantía será del 70 % de la base de cotización de la empleada de hogar y tendrán derecho las personas dadas de alta antes de la entrada en vigor del estado de alarma, el pasado 15 de marzo, y que hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o parcialmente, para reducir riesgo de contagio a causa de la crisis sanitaria del Covid-19. También, detallan, las que hayan sido despedidas durante la crisis sanitaria.
Para acreditar esta situación y pedir el subsidio ante el SEPE, valdrá con uno de estos documentos: una declaración responsable firmada por el empleador, carta de despido o comunicación de desistimiento o la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
Moratoria hipotecaria
También ha anunciado la ampliación en el alcance de la moratoria a los autónomos, profesionales o pymes que padezcan extraordinarias dificultades y a los préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo.
Con la extensión de esta medida, el Ejecutivo central pretende ofrecer un alivio económico y asegurar que los ciudadanos no queden excluidos del sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus obligaciones como consecuencia de la crisis sanitaria.
Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos.
Con esto se pretende garantizar el tratamiento equitativo de acreedores y que la moratoria hipotecaria no beneficie indirectamente, por ejemplo, a los acreedores por crédito al consumo. Al mismo tiempo, busca abarcar la casuística de quienes no hagan frente a deudas hipotecarias, pero deban hacer asumir uno o varios préstamos que le suponen más de un 35% de sus ingresos.
